El Poder Ejecutivo modificó la reglamentación de la Ley 24.240 para permitir que proveedores sancionados paguen el 50% de la multa si la consienten dentro de los diez días hábiles.
Un fallo ordenó indemnizar a una clienta víctima de una estafa digital y remarcó que el banco debía detectar operaciones inusuales, aun cuando se hubieran usado credenciales válidas.
La Sala B de la Cámara Civil sostuvo que el plazo para demandar no corre desde el conocimiento general del riesgo de fumar, sino desde la consolidación de un daño concreto.
La Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial revocó el rechazo de primera instancia y responsabilizó a HSBC Bank Argentina por no detectar operaciones inusuales, pese a que la usuaria había facilitado voluntariamente sus datos de acceso a los estafadores.
El proyecto de reforma societaria abre una discusión clave: cómo imputar daños, controlar decisiones y producir prueba cuando una empresa opera mediante sistemas autónomos.
El desconocimiento de los plazos legales puede costar caro: perder el derecho a reclamar una deuda, quedarse sin la posibilidad de impugnar un despido, o no poder reclamar por un producto defectuoso. La ley no perdona la ignorancia, pero sí premia a quienes se informan a tiempo. Acá van los plazos más importantes del derecho […]
La Resolución 951/2026 incorpora la intimación INTIMA, la constancia CONSTA y nuevos criterios de plazos y sanciones para reclamos frente a obras sociales y entidades de medicina prepaga.
Un fallo federal ordenó devolver sumas entregadas por un vehículo que nunca fue transferido y reforzó la responsabilidad del consignatario profesional frente al consumidor.
La Resolución 32/2026 reemplaza el esquema anterior para talleres de revisión técnica, amplía el alcance del registro y ordena implementar una base informática para consolidar datos de inspecciones.
Una usuaria de Cipolletti obtuvo una condena contra Edersa por cobrarle un recupero de energía que el ente regulador provincial ya había declarado inválido. El fallo reconoció daños patrimoniales, extrapatrimoniales y punitivos ante el incumplimiento reiterado de resoluciones del EPRE y la ausencia de trato digno.