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El Ministerio de Seguridad creó un esquema específico para mujeres alojadas en cárceles federales y fijó un plazo de 60 días para dictar sus protocolos operativos.
El Decreto 875/2026 designó al Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación y creó dispositivos de supervisión y coordinación federal para el nuevo régimen penal juvenil.
En el caso Pagani, la Corte Suprema anuló una sentencia laboral que había aumentado de oficio la indemnización cuando solamente había apelado la ART.
