La Suprema Corte bonaerense fijó reglas para notificar en causas alimentarias por canales digitales institucionales. Su puesta en marcha aún requiere una fecha de operatividad tecnológica.
La ley aprueba el Tratado de Medellín y su reglamento de financiación. La plataforma permitiría transmitir solicitudes entre autoridades centrales, pero la aprobación legislativa no acredita por sí sola su entrada en vigor para Argentina.
La Justicia de Tucumán reconoció la legitimación de una madre para impulsar el reclamo alimentario de su hijo adulto con discapacidad, sin confundir apoyos cotidianos con restricción de la capacidad jurídica.
Datos del Cuerpo Médico Forense de Santa Fe reabren el debate sobre la eficacia de la instancia administrativa previa, las enfermedades no listadas y la fundamentación de los dictámenes.
La Resolución 445/2026 articula al Ministerio de Justicia con universidades para producir indicadores, investigaciones y recomendaciones no vinculantes sobre el sistema judicial.
La Cámara admitió una notificación electrónica excepcional después de varios intentos fallidos y ante un poder judicial vigente a favor del profesional.
La Resolución 397/2026 impulsa capacitación, herramientas digitales, oralidad y lenguaje claro para los juzgados de paz, mediante convenios con provincias y universidades.
La Cámara del Crimen ordenó realizar por videoconferencia la declaración indagatoria de una mujer detenida en Colombia y afirmó que la extradición no impide ese primer acto de defensa.
La Cámara Contencioso Administrativa de La Plata ordenó controles periódicos por arsénico y agrotóxicos, y reforzó el derecho de la población a conocer sus resultados.
El Tribunal dejó sin efecto una sentencia que había rechazado un amparo contra ANSES por la suspensión de la Prestación Alimentar de una niña.