La Cámara del Crimen ordenó que una mujer detenida en Bogotá pueda prestar declaración indagatoria ante la Justicia argentina por videoconferencia. La decisión pone el foco en una cuestión que se vuelve cada vez más frecuente en investigaciones con dimensión transnacional: cómo asegurar el primer acto de defensa cuando la persona imputada está fuera del país y, al mismo tiempo, existe un pedido de extradición en trámite.
Una causa local con una detenida en Colombia
Según los antecedentes reseñados en la resolución, la imputada había sido citada a indagatoria en junio de 2025. Durante la investigación se acumularon expedientes y, ante indicios de que se encontraba en Colombia, se dispuso su captura internacional.
La detención se concretó en Bogotá el 8 de abril de 2026. Dos días más tarde, la jueza de grado requirió su extradición y las autoridades colombianas avanzaron con una captura con ese fin. Sin embargo, la formalización del exhorto todavía debía completarse, por lo que la defensa pidió que la declaración se recibiera de manera remota.
La existencia de un trámite de extradición no suspende, por sí sola, el deber de garantizar una oportunidad efectiva de defensa en la causa argentina.
La videoconferencia como alternativa procesal
La jueza de primera instancia había rechazado inicialmente la modalidad virtual y pidió información actualizada sobre la extradición. La Cámara revocó ese criterio: entendió que la audiencia era viable y que podía coexistir con la cooperación internacional en curso.
El tribunal recordó que la Corte Suprema admite la videoconferencia cuando una persona imputada se encuentra fuera de la jurisdicción y no resulta oportuno o posible su traslado al tribunal. En este caso, además, valoró el Acuerdo de Asistencia Judicial en Materia Penal entre Argentina y Colombia, que contempla mecanismos de cooperación para la producción de actos procesales.
Dos trámites con finalidades distintas
El punto central de la decisión fue distinguir entre la extradición y la indagatoria. La primera procura resolver la entrega de una persona a otro Estado; la segunda integra la causa penal local y permite que la persona conozca formalmente la imputación y ejerza su defensa.
Para la Cámara, se trata de actos procesales autónomos. Por eso, que el pedido de extradición siga su curso no obliga a postergar una audiencia que puede realizarse con garantías mediante medios tecnológicos. La virtualidad no reemplaza las exigencias del proceso penal: exige resguardar la comunicación con la defensa, la identificación de quienes intervienen y la regularidad del acto.
Qué criterio deja la resolución
La decisión no convierte la videoconferencia en una solución automática para cualquier caso con personas en el exterior. Pero confirma que los tribunales deben evaluar si el recurso tecnológico permite evitar una demora injustificada sin afectar derechos fundamentales.
Cuando la persona imputada manifiesta su voluntad de declarar, la autoridad judicial debe arbitrar los medios necesarios para que ese derecho sea real y no meramente formal. En palabras de la Cámara, corresponde velar por las garantías constitucionales aun cuando la investigación requiera coordinación con otro país.
Impacto para la cooperación penal internacional
La resolución muestra que la cooperación judicial no se agota en los pedidos de extradición. También puede servir para que una investigación avance respetando el debido proceso, especialmente cuando la distancia geográfica no debería transformarse en un obstáculo absoluto.
En ese equilibrio, la audiencia remota aparece como una herramienta concreta: permite continuar el trámite local, reconoce la situación de una persona detenida en el extranjero y evita que la definición de su situación procesal quede enteramente atada a los plazos de otro procedimiento.
