La modificación del régimen para proponer magistrados de la Corte Suprema abrió una discusión institucional sobre participación ciudadana, representación federal y criterios de diversidad.
El Decreto 467/2026 modificó el procedimiento de selección de magistrados y redujo instancias ante el Ejecutivo. La discusión queda planteada entre celeridad, control público y legitimidad institucional.
El Máximo Tribunal declaró inconstitucionales regímenes de Santa Fe y Entre Ríos que aplicaban Ingresos Brutos más altos por el solo hecho de que el contribuyente estuviera radicado fuera de la provincia.
El Máximo Tribunal dejó sin efecto una condena contra Asociart ART en un caso de accidente laboral sufrido por un camionero en una playa de espera.
La Corte Suprema dejó firme la pena de 15 años de prisión para Reimundo Héctor Fernández, ex jefe de turno de la Unidad Penal 28, por la tragedia carcelaria de 2005 en la que murieron 33 personas privadas de libertad.
El Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, informó una reducción del 12,3% en las víctimas directas durante 2025, pero también registró 219 víctimas directas y vinculadas.
La Obligación del Pago de la Tasa de Justicia
La tasa de justicia es un costo administrativo que debe ser asumido por quienes deciden iniciar un proceso judicial.Este concepto es fundamental en el ámbito de la justicia argentina, ya que asegura el sostenimiento del sistema judicial.
La Corte Suprema declaró su competencia originaria en la demanda que impulsa la provincia de La Pampa contra el Estado Nacional por la distribución de recursos del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional, un 1% de la masa coparticipable que la provincia sostiene le pertenece por ley.
El Máximo Tribunal dejó sin efecto una sentencia de la Cámara Nacional del Trabajo que condenó a Experta ART al pago de prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo, cuando esas sumas nunca fueron reclamadas en la demanda.
La Corte Suprema admitió su competencia originaria en las causas iniciadas por Buenos Aires, La Rioja, Santiago del Estero y La Pampa contra el decreto que disolvió el fideicomiso destinado a financiar la conservación forestal. El Gobierno tiene 60 días para responder.