La Corte Suprema dejó sin efecto la decisión que había declarado caduca una demanda de daños por un accidente de tránsito. Durante el período de inactividad tomado en cuenta para cerrar el proceso, el demandante cumplía una pena de prisión efectiva superior a tres años, litigaba por derecho propio y no tenía un curador designado. Para el tribunal, la Cámara Civil no podía resolver la perención sin examinar cómo incidía esa situación en su posibilidad de impulsar el juicio.
La inactividad que dio origen al conflicto
El caso se planteó en la causa “Martos, Mario Fabián y otros c/ Empresa San José S.A. y otro s/ daños y perjuicios”, a raíz de un recurso de hecho presentado por Gerardo Manuel Martos. La Cámara había confirmado la caducidad de instancia por la falta de actos procesales útiles durante varios meses. El recurrente sostuvo que no era jurídicamente razonable exigirle actividad en ese período sin considerar su condena y la ausencia de representación patrimonial.
La Corte cuestionó que se declarara la caducidad por inactividad durante la reclusión sin analizar antes el régimen legal aplicable ni la falta de curador.
Qué papel cumple el artículo 12 del Código Penal
El artículo 12 prevé que las penas de prisión o reclusión por más de tres años llevan aparejada, durante la condena, la inhabilitación absoluta; también contempla la privación de la administración de los bienes y la sujeción a curatela. Ese marco era relevante porque el demandante actuaba personalmente en un litigio de contenido patrimonial.
La defensa del recurrente alegó que el proceso debía considerarse suspendido de pleno derecho. La Corte no convirtió esa afirmación en una regla general para cualquier persona detenida: señaló que la Cámara debía estudiar el alcance de la norma y sus consecuencias concretas antes de atribuirle al actor la falta de impulso procesal.
Por qué se anuló la sentencia
El Máximo Tribunal consideró insuficiente la fundamentación del fallo de alzada. Al confirmar la perención, la Cámara omitió pronunciarse sobre una cuestión decisiva: si la inhabilitación y la falta de curador impedían exigir al actor una actuación por derecho propio durante su reclusión. Esa omisión afectó el análisis de su derecho de defensa y del debido proceso.
La decisión no resuelve el fondo del reclamo por el accidente ni establece, por sí sola, que la demanda deba prosperar. Ordena dictar un nuevo pronunciamiento que considere la protección legal de los intereses patrimoniales de la persona condenada y evalúe, con ese marco, si correspondía declarar la caducidad.
La consecuencia procesal
El expediente volverá al tribunal de origen para una nueva decisión. El caso muestra un límite concreto a la aplicación automática de la perención: cuando la falta de actividad coincide con una restricción legal a la administración de bienes y no hay curador designado, el tribunal debe explicar por qué aun así podía exigirse a la parte que impulsara personalmente el proceso.
