La Corte Suprema dejó sin efecto, en lo relativo a la actualización de créditos, ocho sentencias de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. El tribunal entendió que una ley dictada mientras se tramitaban los recursos cambió el marco aplicable a esos juicios todavía pendientes.
Las decisiones revisadas habían dispuesto reajustar los montos mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un interés anual del 3%. Las demandadas recurrieron esa solución, vinculada con la declaración de inconstitucionalidad de las leyes 23.928 y 25.561, que restringen la actualización monetaria.
El cambio normativo durante la apelación
Mientras los recursos extraordinarios seguían en trámite, entró en vigencia la Ley 27.802 de Modernización Laboral. Su artículo 55 prevé un régimen específico para actualizar créditos laborales en causas que estaban en trámite y pendientes de sentencia definitiva al momento de su entrada en vigencia.
La Corte, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, consideró que debía resolver según las circunstancias existentes al dictar su decisión, incluso si aparecieron después de presentados los recursos. Por eso, la nueva regulación no podía quedar al margen del análisis.
Las ocho causas vuelven al tribunal de origen para que dicte nuevas sentencias conforme al régimen de actualización de la Ley 27.802.
Qué resolvió la Corte
El tribunal declaró inoficioso pronunciarse sobre los planteos que habían motivado los recursos extraordinarios y dejó sin efecto las sentencias apeladas en lo pertinente. No fijó en esta decisión el importe de cada crédito ni confirmó el cálculo de IPC más 3% anual.
Las actuaciones regresan a la Cámara laboral, que deberá dictar nuevos fallos teniendo en cuenta la ley sobreviniente. La discusión sobre los montos, por lo tanto, queda abierta para su resolución en cada expediente bajo el marco normativo que la Corte juzgó aplicable.
El alcance para los juicios pendientes
El punto decisivo es la situación procesal de las causas: la disposición legal se refiere a juicios en trámite sin sentencia definitiva al entrar en vigencia la nueva ley. Según el texto citado por la Corte, sus reglas son de orden público y pueden ser aplicadas por jueces o autoridades administrativas, de oficio o a pedido de parte.
La decisión muestra cómo una reforma legislativa puede alterar el criterio de actualización durante una apelación. Eso no equivale a resolver automáticamente todos los reclamos laborales: corresponde al tribunal de origen aplicar la normativa a las circunstancias de los expedientes que recibió de vuelta.
