La Corte Suprema de Justicia de la Nación aprobó, mediante la Resolución 2867/2026 del 12 de noviembre, un protocolo elaborado por el Cuerpo Médico Forense para evaluar la salud de personas privadas de libertad y la posibilidad real de tratarlas en el establecimiento donde están alojadas. La resolución se publicó en el Boletín Oficial el 16 de noviembre de 2026, con la indicación de que el anexo se consulta en la edición web.
El eje del nuevo instrumento es comparar el tratamiento que necesita una persona con los recursos sanitarios que efectivamente puede utilizar en su lugar de detención.
Qué cambia frente al marco legal existente
La Ley 24.660 ya permite al juez disponer detención domiciliaria, entre otros supuestos, cuando la enfermedad no puede tratarse adecuadamente en la cárcel, existe una enfermedad incurable en período terminal o la discapacidad vuelve inadecuado el alojamiento. Su artículo 33 exige informes médico, psicológico y social para esos tres casos. La resolución no modifica esas causales ni concede la domiciliaria de manera automática: agrega un método técnico para producir y contrastar la información que sirve a la decisión judicial, tal como había encomendado la Acordada 21/2026.
El protocolo se presenta como herramienta inicial para personas mayores de 18 años, procesadas o condenadas, alojadas bajo la órbita del Servicio Penitenciario Federal, cuando el pedido de detención domiciliaria se basa en razones de salud de los incisos a), b) o c) del artículo 32 de la Ley 24.660. Puede aplicarlo el profesional o servicio designado judicialmente; la intervención del Cuerpo Médico Forense en un expediente concreto requiere el pedido del tribunal competente.
Del diagnóstico a la posibilidad efectiva de tratamiento
La evaluación se organiza en dos ejes. El primero comprende el examen de salud y el informe técnico-pericial, con la indicación del tratamiento y de las necesidades asistenciales. El segundo exige verificar las condiciones concretas de alojamiento y atención: acceso al servicio médico, especialidades, medicamentos, alimentación indicada, cuidados, salud mental y posibilidad de realizar consultas o tratamientos fuera de la unidad.
No basta con que un recurso figure en un listado. El protocolo pide comprobar si está disponible para esa persona y si funciona de manera continua. La autoridad penitenciaria debe completar un formulario con respaldo documental, entre otros registros clínicos, medicación y turnos extramuros realizados o frustrados. Esa información puede contrastarse con relevamientos institucionales y de organismos de control. Si faltan datos o aparecen contradicciones relevantes, el informe debe dejarlo expresado.
Cinco conclusiones posibles, ninguna sustituye al juez
El informe puede ubicar el tratamiento en cinco categorías: realizable en la unidad; realizable bajo condiciones precisas y verificables; no realizable en esa unidad, con identificación de una alternativa; no realizable adecuadamente en el ámbito penitenciario; o información insuficiente para concluir. Cuando la atención depende de condiciones, corresponde indicar un plazo de reevaluación. Un traslado a otra unidad exige verificar nuevamente su capacidad de atención.
Estas categorías describen una situación sanitaria e institucional, no recomiendan por sí mismas conceder o rechazar la detención domiciliaria. El tribunal conserva la valoración jurídica y puede ordenar otras medidas de prueba. En la práctica, el protocolo vuelve especialmente importante documentar la diferencia entre la atención prometida por el establecimiento y la que la persona recibe efectivamente.
Aplicación y límites
La Corte ordenó difundir el instrumento entre los tribunales penales del Poder Judicial de la Nación, la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal y las autoridades nacionales pertinentes. El anexo prevé formularios de información individual y relevamientos del dispositivo sanitario por unidad. También contempla revisiones periódicas del protocolo.
Su alcance debe leerse con cuidado: no abarca todos los motivos legales de detención domiciliaria, como edad, embarazo o cuidado de hijos, ni reemplaza la atención clínica de la persona detenida. Tampoco fija un resultado uniforme para todas las unidades penitenciarias: la conclusión depende del estado de salud, del tratamiento indicado y de las condiciones comprobadas en cada caso.
