El Poder Ejecutivo reglamentó nuevos aspectos de la reforma laboral: registración por ARCA, recibos de sueldo, certificados médicos, servicios eventuales, fondo de asistencia laboral y regularización de empleo no registrado.
La Resolución 1139/2026 ordena criterios de prevención de lavado, reduce el uso de efectivo e incorpora exigencias informativas para beneficiarios finales, PEP y proveedores de activos virtuales.
El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires estableció modelos estandarizados para la presentación de recursos de inconstitucionalidad y quejas por denegación, en respuesta al crecimiento exponencial de causas generado por el precedente ‘Levinas’ de la Corte Suprema.
El Consejo de la Magistratura aprobó por unanimidad un nuevo Código de Ética para magistrados federales que regula desde la recepción de regalos hasta el uso de redes sociales, con función preventiva y orientativa.
Introducción al Reintegro de IVA para Turistas
El reintegro de IVA para turistas en Argentina ha sido un tema de gran relevancia para los viajeros que visitan el país.A partir de la implementación de la **Resolución General 5843/2026**, se ha establecido un procedimiento simplificado que busca optimizar la experiencia de devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para quienes compran productos nacionales.
El Poder Ejecutivo reglamentó el RIFL mediante el Decreto 315/2026 y fijó una alícuota reducida del 8% en contribuciones patronales durante los primeros 48 meses de cada nueva relación laboral registrada.
La Resolución General 1131/2026 modificó de manera integral el régimen de denuncias, investigaciones y sumarios de la CNV: nuevas reglas para ratificar denuncias, audiencias por videoconferencia, sumario abreviado con multas de hasta $10 millones y publicidad de resoluciones disciplinarias.
El Ejecutivo porteño remitió a la Legislatura el acuerdo de transferencia de la justicia laboral nacional a la órbita de la Ciudad Autónoma, un paso formal que abre el camino hacia la plena autonomía judicial del fuero.
La Suprema Corte bonaerense estableció un régimen transitorio para aplicar la Ley 15.571 de Ejecución Penal Juvenil mientras no estén en funcionamiento los juzgados especializados.
La IGJ precisó que la inscripción de autoridades societarias tiene carácter declarativo, ratificó que los administradores continúan en funciones hasta ser reemplazados y habilitó la caución juratoria como garantía válida.