La Suprema Corte bonaerense abrió una consulta pública sobre un reglamento para ordenar el uso de IA en tribunales, con límites para decisiones judiciales, datos sensibles y herramientas generativas.
La Resolución 197/2026 incorpora una guía de control interno para proyectos y herramientas de inteligencia artificial en el Sector Público Nacional.
La discusión sobre corporaciones operadas por inteligencia artificial obliga a revisar cómo se asignan responsabilidad, patrimonio y control en la economía digital.
Un fallo chino rechazó que la incorporación de inteligencia artificial justifique por sí sola una rebaja salarial o el despido de un trabajador. El caso invita a analizar cómo respondería el derecho laboral argentino ante un conflicto similar.
El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires estableció modelos estandarizados para la presentación de recursos de inconstitucionalidad y quejas por denegación, en respuesta al crecimiento exponencial de causas generado por el precedente ‘Levinas’ de la Corte Suprema.
La IA agéntica ejecuta, decide y produce trabajo jurídico a una velocidad que los mecanismos tradicionales de validación no pueden sostener. El verdadero reto no es adoptar la tecnología, sino construir estructuras capaces de auditarla sin romper la cadena de responsabilidad que sostiene al Derecho.
Usar inteligencia artificial sin pensamiento crítico no acelera la práctica legal: la degrada. El verdadero desafío del abogado contemporáneo es integrar estas herramientas sin resignar el razonamiento jurídico que define su rol.
Una acción de clase presentada ante la justicia federal de California apunta contra la empresa de Elon Musk por el presunto diseño y comercialización de un modelo de IA capaz de producir contenido sexual con imágenes reales de menores.
Un fallo de la Corte Suprema de Colombia usó herramientas de detección de IA para rechazar un recurso de casación. El caso abre un debate central: ¿pueden estos sistemas operar como prueba de autoría en sede judicial?
La empresa creadora de Claude inició una acción judicial ante el Tribunal Federal del Distrito Norte de California para impugnar la decisión del Departamento de Defensa que la clasificó como riesgo para la cadena de suministro de seguridad nacional.