La inteligencia artificial se instaló en el ejercicio del Derecho con una promesa concreta: reducir tiempos, organizar información y asistir en tareas que antes consumían horas de trabajo rutinario. Esa promesa, en buena medida, se cumple. El problema aparece cuando la velocidad se confunde con calidad y la automatización desplaza al razonamiento en lugar de complementarlo.
El abogado que delega en una herramienta de IA la redacción de un escrito, el análisis de un expediente o la búsqueda de jurisprudencia, pero no verifica el resultado con criterio propio, no está siendo más eficiente: está resignando la parte más valiosa de su trabajo. Y, en ese proceso, asume un riesgo profesional concreto.
El pensamiento crítico como columna vertebral de la práctica jurídica
El razonamiento jurídico no es un accesorio del ejercicio profesional: es su estructura central. El abogado opera permanentemente sobre silogismos: identifica la norma aplicable, subsume los hechos del caso y extrae una conclusión jurídicamente sostenible. Este proceso requiere lógica, capacidad de análisis y conocimiento del ordenamiento. Ninguna herramienta tecnológica actual puede reemplazar esa operación en su integralidad.
La lógica jurídica combina razonamientos inductivos —que permiten construir argumentos a partir de hechos concretos mediante analogías y probabilidades— con razonamientos deductivos, propios de la aplicación normativa. Quien no domina estas estructuras difícilmente podrá detectar cuándo un modelo de lenguaje produce un razonamiento incorrecto, una cita inexistente o una conclusión que no se sostiene en el ordenamiento vigente.
El expediente que no existía: cuando la IA inventa jurisprudencia
El riesgo no es teórico. La jurisprudencia argentina ya registra casos en los que abogados incorporaron a sus escritos fallos generados o distorsionados por herramientas de inteligencia artificial que simplemente no existían en los registros judiciales. Dos precedentes ilustran el problema con claridad.
La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala 2, de Rosario, en el caso Giacomino, César Adrián y otros c/ Monserrat, Facundo Damián y otros s/ Daños y Perjuicios (resuelto el 20 de agosto de 2025, identificado en la base SAIJ con el Id FA25099003), debió expedirse sobre la presentación de jurisprudencia que no podía verificarse. En sentido similar, el Juzgado Civil y Comercial de 10ª nominación de San Miguel de Tucumán, en los autos O.F.C. c/ Booking.com Argentina S.R.L. y otro s/ Daños y Perjuicios (resuelto el 2 de febrero de 2026, Id SAIJ FA26240000), enfrentó una situación equivalente.
Incorporar a un escrito jurisprudencia fabricada por una IA no es un error técnico: es una conducta que puede configurar negligencia profesional con consecuencias disciplinarias y procesales concretas.
Estos casos no son anécdotas aisladas. Son señales de un patrón de uso incorrecto que ya tiene expresión en sede judicial y que los colegios de abogados y los propios tribunales empiezan a observar con atención creciente.
Dónde sí agrega valor la inteligencia artificial
Reconocer los riesgos no implica rechazar la tecnología. La inteligencia artificial tiene un campo de aplicación legítimo y valioso en la práctica legal, siempre que se la utilice como herramienta complementaria y no como sustituto del criterio profesional.
Entre las tareas donde estas herramientas genuinamente liberan tiempo y mejoran la organización del trabajo, pueden mencionarse:
- Redacción de borradores iniciales de documentos que el abogado luego revisa y adapta.
- Resumen y organización de expedientes extensos.
- Generación de esquemas y planes de trabajo para casos complejos.
- Automatización de tareas administrativas repetitivas.
- Seguimiento de novedades normativas y jurisprudenciales en áreas específicas.
El denominador común es siempre el mismo: la IA hace más eficiente lo repetitivo para que el abogado concentre su atención en lo que requiere razonamiento genuino, es decir, la estrategia del caso, la argumentación, la evaluación del riesgo jurídico y la decisión sobre el curso de acción.
La responsabilidad no se delega
Existe un principio que ninguna herramienta tecnológica modifica: el abogado es responsable de cada escrito que firma, independientemente de quién o qué lo haya redactado. La validación del contenido, la verificación de las citas y la corrección jurídica del razonamiento son obligaciones que recaen sobre el profesional de manera personal e indelegable.
Esto implica que el uso de inteligencia artificial no reduce la exigencia sobre el abogado: la traslada. Ya no se trata solo de saber redactar bien, sino de saber leer críticamente lo que una herramienta produce, identificar sus errores y corregirlos antes de que lleguen a un expediente.
El perfil profesional que mejor puede aprovechar estas herramientas no es el que las usa más, sino el que las usa con mayor criterio. Eso requiere formación jurídica sólida, lectura permanente, conocimiento del ordenamiento y, sobre todo, la disposición a pensar antes de firmar.
Integración correcta: la ecuación que define al abogado del presente
El abogado que incorpora inteligencia artificial para liberar tiempo dedicado a tareas de bajo valor agregado, y usa ese tiempo para profundizar su razonamiento, tiene una ventaja competitiva real. El que la usa como atajo para evitar pensar, en cambio, produce trabajo más rápido pero menos confiable.
La tecnología no reemplaza al jurista que razona bien. Pero sí expone, con mayor rapidez y visibilidad, al que razona mal. En ese sentido, la inteligencia artificial no es solo una herramienta de eficiencia: es también un espejo del criterio profesional de quien la usa.
