El Ministerio de Justicia creó la Mesa Estratégica de Inteligencia Artificial en la Justicia (MEIAJ), un ámbito destinado a ordenar las iniciativas tecnológicas existentes y elaborar una estrategia común para el sector. La medida fue adoptada mediante la Resolución 469/2026, publicada en el Boletín Oficial el 23 de septiembre de 2026.
La nueva mesa no implementa por sí misma herramientas de inteligencia artificial ni fija reglas generales para su uso. Su función inicial será de planificación y coordinación: relevar experiencias, definir prioridades y proponer criterios para evaluar proyectos aplicables al sistema de justicia.
La MEIAJ deberá elevar una propuesta preliminar de estrategia dentro de los 90 días corridos desde su primera reunión.
Qué tareas tendrá la nueva mesa
La resolución le asigna a la MEIAJ un conjunto amplio de funciones. Entre ellas están el relevamiento de proyectos y herramientas ya existentes, la identificación de capacidades institucionales y áreas prioritarias, y la propuesta de principios, objetivos y etapas de implementación.
También podrá analizar casos de uso y proyectos piloto para medir su utilidad, viabilidad, seguridad e impacto. A esto se suman la capacitación de magistrados, funcionarios y empleados, la elaboración de indicadores de seguimiento y el intercambio de buenas prácticas con organismos públicos, universidades, colegios profesionales, organizaciones especializadas y actores tecnológicos.
Quiénes participarán
La coordinación quedó a cargo del titular de la Unidad de Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia. La integración prevista incluye representantes de esa unidad, de las secretarías de Justicia y de Vinculación Ciudadana, de la Subsecretaría de Política Criminal, de la Dirección Nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica y del área ministerial competente en tecnologías de la información.
La coordinación podrá, además, invitar a representantes del Poder Judicial, los ministerios públicos, otras jurisdicciones, universidades, colegios profesionales, organizaciones civiles, empresas tecnológicas, organismos internacionales y especialistas. La participación será ad honorem y la resolución dispone que su implementación no debe generar nuevas estructuras ni gastos presupuestarios adicionales.
Cómo se vincula con el programa ya existente
La mesa no reemplaza al Programa Nacional Integral de Inteligencia Artificial en la Justicia, creado en 2024 y actualmente situado en la órbita de la Dirección Nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica. La Resolución 469/2026 establece que ambos espacios deberán actuar de manera coordinada, sin alterar las competencias asignadas al programa.
Según los considerandos, el Ministerio busca evitar que las distintas iniciativas avancen de manera fragmentada y toma como antecedente una cooperación técnica con EL PACCTO 2.0 y expertos franceses. Esos fundamentos explican la decisión institucional, pero no equivalen todavía a resultados comprobados ni a la aprobación de proyectos tecnológicos concretos.
Los límites que deja expresos la resolución
La norma aclara que la futura estrategia será un instrumento de planificación, coordinación y promoción institucional: no constituirá una regulación general de la inteligencia artificial. Tampoco autoriza automáticamente sistemas para adoptar decisiones judiciales o administrativas.
La formulación y eventual implementación deberá respetar las reglas vigentes sobre protección de datos personales, seguridad de la información, propiedad intelectual, transparencia y tutela de derechos. La resolución también menciona la supervisión humana, la trazabilidad y la evaluación de riesgos como criterios a promover.
Qué efectos prácticos pueden esperarse
En lo inmediato, el efecto es organizativo: se crea un canal institucional para inventariar experiencias y preparar una hoja de ruta. Para operadores judiciales y profesionales, los cambios concretos dependerán de los casos de uso y proyectos piloto que se propongan después, de las decisiones que adopten los organismos competentes y de los mecanismos efectivos de control.
El primer dato verificable será la propuesta preliminar que la mesa debe presentar. Hasta entonces, cuestiones centrales —como qué herramientas se priorizarán, cómo se auditarán, qué datos podrán utilizar y qué garantías regirán frente a errores o sesgos— permanecen abiertas.
