Entre marzo y septiembre de 2019, el titular de dos tarjetas vinculadas a una misma cuenta detectó 163 consumos que desconocía, asociados a juegos, aplicaciones y plataformas. Según la demanda, reclamó y pidió bloquear los medios de pago, pero los cargos continuaron. El Juzgado en lo Civil y Comercial n.º 2 de Olavarría condenó en forma solidaria al banco, a la procesadora de pagos y a otra firma vinculada con la tarjeta.
La decisión, difundida el 13 de noviembre de 2026, es de primera instancia y puede ser apelada. Su punto decisivo no fue una presunción automática a favor del cliente, sino la falta de los registros capaces de reconstruir el origen de las operaciones.
La prueba que estaba en manos de las empresas
Las demandadas negaron su responsabilidad y sostuvieron que las compras podían haber sido realizadas por el titular o por alguien con acceso a sus dispositivos. El banco y la procesadora ofrecieron una pericia informática. Sin embargo, no entregaron al perito la información técnica necesaria para verificar desde qué dispositivos y conexiones se habían autorizado los cargos. El juzgado las declaró negligentes en la producción de esa prueba.
Ofrecer una pericia no alcanza: si los datos para realizarla están bajo control de la empresa, también debe ponerlos a disposición.
En los pagos digitales existe una asimetría de información: el usuario ve el cargo en su resumen, mientras que los prestadores conservan los registros de autenticación y procesamiento. Por eso, atribuirle las operaciones al cliente sin aportar esos datos dejó la defensa empresarial sin sustento probatorio.
Responsabilidad de la cadena de pagos
La sentencia consideró incumplido el deber de seguridad del servicio. También rechazó que una de las firmas pudiera apartarse del juicio por su posición dentro del circuito de la tarjeta. Frente al consumidor, la participación de distintos operadores no elimina la responsabilidad solidaria; la distribución interna del costo entre ellos es una cuestión separada.
La condena informada asciende a $11.536.964,38 más intereses: $1.536.964,38 por daño material, $5.000.000 por daño moral y $5.000.000 por daño punitivo. Para este último rubro, el juzgado valoró tanto la respuesta insuficiente a los reclamos como la conducta procesal de atribuir las compras al titular sin facilitar los datos prometidos. El pedido de daño psicológico, en cambio, fue rechazado porque no se produjo la pericia correspondiente.
Qué cambia para un reclamo por cargos desconocidos
El caso muestra la importancia de impugnar los consumos con constancia, identificar cada operación cuestionada y conservar las respuestas recibidas. La Ley de Tarjetas de Crédito prevé un plazo de 30 días desde la recepción del resumen para cuestionar la liquidación ante el emisor. Cuando los cargos se reiteran en varios resúmenes, conviene individualizar cada uno.
Además del reintegro y del bloqueo o reemplazo de la tarjeta, puede solicitarse información sobre el método de validación y el origen de las operaciones. Esos datos permiten examinar una hipótesis de fraude y, si el conflicto llega a juicio, evaluar si la explicación de la entidad tiene respaldo técnico. El alcance de cualquier reclamo dependerá de los hechos y de la prueba de ese caso concreto.
