El Ministerio de Justicia aprobó un plan de digitalización, interoperabilidad y reorganización del Registro Nacional de Reincidencia (RNR). La Resolución 563/2026, publicada en el Boletín Oficial el 19 de noviembre de 2026, entra en vigencia desde esa publicación. Su efecto inmediato es aprobar el plan y poner en marcha la planificación de su ejecución; no establece que todos los nuevos canales y servicios ya estén operativos.
La Dirección Nacional del RNR tiene 30 días corridos para proponer el cronograma de implementación. Ese plazo es para presentar una propuesta, no para completar la digitalización.
Qué dispone la resolución
El artículo 1° aprueba el plan como Anexo I. El artículo 2° encarga a la Dirección Nacional del RNR que, dentro de 30 días corridos, proponga un cronograma a la autoridad de aplicación. La Secretaría de Políticas de Vinculación Ciudadana del Ministerio de Justicia ejercerá esa función y podrá dictar normas aclaratorias, complementarias y operativas. La resolución no fija en su articulado fechas de puesta en producción para cada herramienta.
Los tres ejes anunciados
Según los considerandos, el primer eje apunta a una ventanilla digital interoperable para las comunicaciones judiciales y penitenciarias, con una reducción gradual del correo electrónico y el papel. También se proyectan controles automáticos de datos antes del ingreso de comunicaciones al circuito del Registro. El segundo eje se refiere a la gobernanza de la información y al intercambio entre organismos públicos; comprende, entre otras iniciativas mencionadas por el Ministerio, el reordenamiento de CoNaRC, RePET y RENABEM, y el desarrollo de un certificado de antecedentes penales para personas jurídicas. El tercero abarca adecuaciones normativas, el archivo histórico, infraestructura y ciberseguridad.
La resolución menciona además la articulación del RNR con Cancillería para el apostillado de certificados solicitados desde el exterior mediante Trámites a Distancia, y con RENAPER para mejorar la información biométrica y depurar registros de personas fallecidas. Son líneas del plan descriptas en los fundamentos; su alcance operativo concreto deberá leerse junto con el anexo y las medidas de implementación que se dicten.
Qué cambia respecto del régimen anterior
La medida invoca la Ley 22.117 y el Decreto 735/2024 como marco de las funciones del RNR, pero no deroga ni sustituye expresamente ese régimen en su articulado. El cambio verificable por ahora es la aprobación de una hoja de ruta institucional y la obligación de proponer un cronograma. No corresponde interpretar la resolución como una modificación inmediata de los requisitos para pedir un certificado de antecedentes penales, de los canales de comunicación exigibles a los tribunales o de las condiciones de acceso de terceros a datos penales.
Impacto práctico y puntos pendientes
Juzgados, ministerios públicos, servicios penitenciarios y organismos que intercambian información con el RNR podrían verse alcanzados por futuros cambios de canales y validaciones. Para ciudadanos y empresas, las iniciativas sobre certificados y trámites digitales pueden resultar relevantes, pero la resolución no precisa todavía cuándo estarán disponibles ni los requisitos de uso. También será importante conocer las reglas que delimiten el intercambio de datos sensibles, sus autorizaciones y controles.
El texto principal remite al Anexo I, identificado como IF-2026-111293090-APN-SPVC#MJ, cuya publicación se anuncia en la edición web del Boletín Oficial. El PDF de la resolución consultado no incorpora ese anexo. Por eso, esta nota describe las obligaciones expresas de los artículos y las iniciativas expuestas en los considerandos, sin atribuir al plan detalles técnicos o plazos que no pudieron verificarse en esa documentación.
