La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires dio un paso formal hacia la regulación del uso de inteligencia artificial en el ámbito judicial. A través de la resolución RSC-1719-2026, el tribunal aprobó un proyecto de reglamento y abrió una consulta pública que estará vigente hasta el 8 de julio.
La propuesta parte de un dato ya imposible de ignorar: las herramientas de IA dejaron de ser una novedad externa al sistema judicial y comenzaron a aparecer en tareas de gestión, análisis de información, sistematización de jurisprudencia y apoyo al trabajo cotidiano. El punto central del proyecto es ordenar ese uso antes de que se vuelva disperso, opaco o difícil de controlar.
El proyecto fija una línea clara: la IA puede asistir tareas judiciales, pero no reemplazar la decisión humana ni construir por sí sola el razonamiento de una sentencia.
Una gobernanza específica para la IA judicial
El reglamento proyectado crea una Comisión de Gobernanza y Uso de Inteligencia Artificial dentro del Poder Judicial bonaerense. Ese órgano estaría integrado por áreas de planificación, tecnología informática y servicios jurisdiccionales, con funciones vinculadas a la evaluación de herramientas, el diseño de protocolos, la supervisión de pruebas piloto y la elaboración de informes periódicos.
La idea de fondo es que el uso de IA no quede librado a decisiones individuales o soluciones aisladas. En un poder del Estado que administra expedientes, datos sensibles y decisiones con impacto directo sobre derechos, la trazabilidad y el control institucional pasan a ser condiciones mínimas de legitimidad.
Decisiones judiciales: el límite más fuerte
El proyecto establece una prohibición expresa para los usos que deleguen en sistemas automatizados la resolución de procesos, la valoración de prueba o la construcción del razonamiento jurídico que sostiene una decisión. En otras palabras, la IA puede funcionar como apoyo, pero no como sustituto del juez, funcionario o empleado responsable del acto.
Ese límite tiene una consecuencia práctica importante: aunque una herramienta sugiera una respuesta, clasifique antecedentes o genere un borrador, la responsabilidad por el contenido, la validez y la legalidad del acto sigue siendo humana. También se exige verificar citas normativas, referencias jurisprudenciales y análisis generados por sistemas de IA antes de incorporarlos a una actuación.
Riesgos, auditorías y sistemas prohibidos
La propuesta adopta un esquema de clasificación por niveles de riesgo. Entre los usos de bajo riesgo se mencionan tareas administrativas como clasificación documental, programación de audiencias, anonimización, transcripción automática, traducción, chatbots informativos o corrección ortográfica.
En cambio, se consideran de alto riesgo las herramientas que asistan funciones críticas, como análisis jurisprudencial, interpretación normativa, predicción de resultados o generación de propuestas de resoluciones. Para esos casos se prevén análisis de impacto algorítmico, supervisión humana, vías de impugnación y monitoreo permanente. Los sistemas de alto riesgo deberían auditarse cada seis meses, mientras que los de bajo riesgo tendrían auditorías al menos anuales.
También aparecen usos directamente prohibidos: decisiones jurisdiccionales automatizadas, sistemas sin supervisión humana efectiva, herramientas que reproduzcan sesgos discriminatorios, generación de prueba sintética y modelos predictivos de reincidencia con efectos vinculantes sobre libertad o prisión preventiva. El mensaje es contundente: la eficiencia tecnológica no puede operar como atajo frente al debido proceso.
Datos sensibles y chatbots de uso general
Uno de los tramos más relevantes del texto se enfoca en la inteligencia artificial generativa. El tribunal advierte sobre errores, alucinaciones, contenidos sesgados o no verificables, además del riesgo de que los operadores confíen de manera excesiva en recomendaciones algorítmicas.
Por eso, el proyecto ordena abstenerse de utilizar chatbots de uso general en versiones gratuitas para tareas jurisdiccionales o para tratar información judicial. También prohíbe cargar datos personales, información sensible, investigaciones en curso o contenido confidencial en plataformas que puedan usar esos datos para entrenar modelos futuros.
La protección de datos queda vinculada con la Ley 25.326 y con exigencias de anonimización, minimización, controles de acceso y evaluaciones de impacto. En términos prácticos, no alcanza con que una herramienta sea útil: debe ser compatible con el secreto, la confidencialidad y los derechos de las personas involucradas.
Transparencia y consulta pública
El proyecto también incorpora reglas de transparencia. Cuando una herramienta de IA pueda influir en decisiones judiciales o administrativas, el operador debería informar qué sistema utilizó, qué modelo empleó, quién es el proveedor, cuándo se usó y qué partes del documento fueron generadas con asistencia artificial.
Además, se prevé un repositorio público de sistemas de IA utilizados institucionalmente, con datos sobre proveedores, funciones, auditorías, evaluaciones de impacto, mecanismos de impugnación y actualizaciones. Esa información permitiría un control más claro por parte de litigantes, defensores, abogados y ciudadanía.
La consulta pública permanecerá abierta hasta el 8 de julio. Luego, la comisión deberá procesar los aportes y elevar un informe a la Suprema Corte antes del 31 de agosto. Hasta que se apruebe una versión definitiva, el texto funcionará como una orientación no vinculante, pero ya instala una discusión de alto impacto: cómo incorporar IA en la Justicia sin resignar control humano, transparencia ni garantías procesales.
