El largo proceso de transferencia de la justicia laboral nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires acaba de superar una etapa decisiva. El Gobierno de la Ciudad remitió a la Legislatura porteña el Acuerdo de Transferencia de la Función Judicial en Materia Laboral del Ámbito Nacional a la Justicia del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, documento que deberá ser aprobado por el cuerpo legislativo para habilitar la siguiente fase del proceso.
Un acuerdo que viene de lejos
La discusión sobre el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad no es nueva. Desde la reforma constitucional de 1994, que reconoció la autonomía plena de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quedó pendiente la transferencia de una serie de competencias judiciales que el Estado nacional continuó ejerciendo de facto. El fuero laboral fue, históricamente, uno de los más resistentes a ese proceso de adecuación institucional.
El acuerdo que ahora llega a la Legislatura fue firmado el 9 de febrero de este año entre el Estado nacional y el Gobierno porteño. Su existencia como instrumento jurídico válido quedó ratificada a través del artículo 90 de la Ley de Modernización Laboral, sancionada por el Congreso nacional. Fue el Senado quien le dio sanción definitiva, incorporando las modificaciones introducidas previamente por la Cámara de Diputados.
Qué establece el acuerdo y qué sigue
El documento enviado a la Legislatura no tiene por efecto inmediato la transferencia de juzgados, expedientes ni personal. Su aprobación funciona como una habilitación formal: una vez que los legisladores porteños le den su aval, se abrirá la etapa de negociación para celebrar los convenios específicos de transferencia de recursos, que serán los instrumentos a través de los cuales se concretará materialmente el traspaso.
La aprobación legislativa del acuerdo no transfiere juzgados ni expedientes de manera inmediata: habilita la negociación de convenios específicos que determinarán cómo, cuándo y con qué recursos se concretará el traspaso.
En ese marco, la Ley de Modernización Laboral también encomienda al Poder Ejecutivo nacional —mediante su artículo 91— transferir los recursos necesarios para el funcionamiento del nuevo esquema judicial bajo la órbita porteña. Esto incluye, en principio, partidas presupuestarias, infraestructura y personal especializado del fuero.
El expediente ya fue girado a la Comisión de Asuntos Metropolitanos y Relaciones Interjurisdiccionales de la Legislatura, y desde el Gobierno de la Ciudad se aguarda su pronto tratamiento.
El congelamiento de designaciones como señal política
Uno de los compromisos más concretos asumidos por la Nación en el marco de este acuerdo es la decisión de no promover nuevas designaciones en el fuero laboral nacional, ni impulsar los trámites que ya estuvieran en curso para cubrir vacantes de magistrados, funcionarios o personal especializado. Esta medida apunta a evitar que el Estado nacional continúe expandiendo una estructura judicial que, en el mediano plazo, debería quedar bajo gestión de la Ciudad.
Se trata de una señal política de peso: en la práctica, implica que el fuero laboral nacional operará durante el período de transición con sus recursos actuales, sin incorporaciones nuevas que luego deban ser absorbidas —o no— por la Ciudad.
El fuero laboral porteño: dimensión e impacto
La justicia nacional del trabajo con asiento en la Ciudad Autónoma es uno de los fueros más activos del país. Según datos del Poder Judicial de la Nación, el fuero laboral concentra históricamente una parte significativa del total de ingresos de causas en la justicia nacional, con decenas de miles de expedientes iniciados por año vinculados a conflictos individuales de trabajo, accidentes laborales, despidos y reclamos de naturaleza previsional.
La transferencia implicará que la Ciudad deberá contar con la capacidad institucional, presupuestaria y de recursos humanos para absorber esa carga procesal. La magnitud del desafío explica, en parte, por qué el proceso está diseñado en etapas y por qué los convenios específicos aún están por negociarse.
Perspectivas para el proceso de aprobación
La iniciativa deberá sortear el trámite legislativo en la Legislatura porteña antes de avanzar hacia la negociación de los convenios de transferencia. Aunque el Gobierno de la Ciudad expresó su expectativa de un tratamiento ágil, el debate puede involucrar posiciones diversas sobre las condiciones en que deben transferirse los recursos y el personal.
Lo que resulta claro es que, por primera vez en décadas, el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad cuenta con un respaldo normativo expreso a nivel nacional y un acuerdo firmado entre ambas jurisdicciones. El envío del documento a la Legislatura convierte lo que durante años fue un debate político y constitucional en un trámite institucional con plazos y etapas definidas.
