Solicita Medida Cautelar Urgente con el Objeto de que se Realice Pericia

Siendo de aplicación la teoría de la carga dinámica de la prueba (art. 53, ley 24.240), es notorio que la empresa demandada atento su profesionalidad (arts. 902 y 909 Cód. Civil), es quien está en mejores condiciones para acreditar ciertos extremos. Debería al menos poner a disposición el material para posibilitar la actividad probatoria. El concepto de “carga dinámica de la prueba” o “prueba compartida” consiste en hacer recaer en ambas partes la obligación de aportar elementos de juicio al juzgador, privilegiando la verdad objetiva sobre la formal para brindar la efectiva concreción de la justicia” (SCBA, “G.AC c/ Pasema S.A. s/ Daños y perjuicios”, 01/04/2015, elDial.com AA8E37).

Constando en la documental aportada y hechos relatados que es la demandada quien administra de forma exclusiva su plataforma y fue quien actuó de forma negligente, menoscabó la dignidad de la actora, y le negó la protección de sus derechos personalísimos, es la empresa quien debe aportar las pruebas fundamentales para la presente litis demostrando la contrariedad de los hechos y su actuar responsable.

Además, deberá aportar los reclamos y las respuestas -que en virtud de la “LDC” le corresponde almacenar el proveedor y toda la documental solicitada que se encuentra en poder de la demandada, resaltando que la ausencia de alguno de estos elementos hace presuponer su responsabilidad y que incumplió el deber de información al consumidor.

Documental.

– Poder de la actora.

– Copia certificada del acta N° labrada el día //.

Fundo el derecho de mi parte en la Constitución Nacional, Convenios de Derechos Humanos de Jerarquía Supraconstitucional, como el Pacto de San José de Costa Rica, Código Civil y Comercial de la Nación, y demás leyes, doctrina y jurisprudencia citada y relacionada a lo largo de la presente demanda.

VII.- FUNDAMENTO.

La situación injusta y el riesgo concreto de pérdida y/o detrimento de los legítimos derechos de , amerita la presente solicitud de PRUEBA ANTICIPADA, puesto que, caso contrario cualquier acción pretendida encontraría un resultado ilusorio, absolutamente alejado de la realidad.

El poder de administración de la plataforma recae pura y exclusivamente en , careciendo mi mandante, en su calidad de usuaria, de participación en ello, razón por la cual debo recurrir a V.S. para que, a través de esta prueba anticipada, sin dilación alguna, proteja todos los elementos necesarios para que la empresa demandada evite tergiversar y ocultar material probatorio fundamental para el caso en cuestión y para futuras acciones.

Ahora bien, en el marco del hecho relatado y dado la exclusiva administración de la plataforma por parte de la Sociedad demandada, y su actitud reacia a cumplir con la protección de los derechos personalísimos de sus usuarios es que poseo motivos de sobra para sospechar de la actitud de y la alta probabilidad de realizar maniobras en la plataforma tendientes a vulnerar los derechos constitucionales de mi poderdante.

Según la doctrina imperante más prestigiosa, hoy ya no podría tolerarse una interpretación que hiciera inmune a una de las partes por sus actos fraudulentos frente a la otra.

Las normas legales tutelan y protegen la intangilbilidad de los derechos constitucionales, respecto de los que se puede y se deben ordenar todas las medidas cautelares y de prueba anticipada que conocemos a tales fines.

Es de destacar, en consecuencia, la importancia del otorgamiento de Pruebas Anticipadas, adecuadas, completas y oportunas.

En este orden de ideas, veremos que la presente Litis posee ciertas particularidades que tornan imperiosa la necesidad de la producción de la prueba anticipada, que ahora se solicita, para la interposición de la acción de fondo, sentido en el que ya se pronunció la CSJN.

Por lo tanto, los requisitos de fumus boni iuris y periculum in mora, ceden ante dicha necesidad en pos del cumplimiento del debido proceso adjetivo, debemos destacar ciertas cuestiones.

Con respecto al primer punto, fumus boni iuris, poco puede cuestionarse con la certificación, por escribano público, de la verosimilitud del hecho y el potencial daño que debe ser determinado por la pericial informática requerida.

Ahora bien, con respecto al periculum in mora, destacamos la administración exclusiva que ostenta la demandada sobre su plataforma.

Ergo Tándem, es importante destacar que en la actual era de internet, la información obrante en dicha red no resulta estática sino que, por el contrario, la modificación de los sitios web es una constante.
En consecuencia, las normas, principios, reglas del derecho procesal deben interpretarse en consonancia con dicha realidad. La jurisprudencia debe evitar interpretar las normas procesales en base a una realidad diferente a la que tuvo en miras el legislador, llegando al hipotético escenario de que se dicten decisorios en los que se requiere a una de las partes la acreditación de extremos que resultan de imposible consecución.
En busca de consolidar la protección de la defensa en juicio de las partes se puede terminar conculcando dicho derecho.
El peligro en la demora, en el presente caso, no solo recae en la prueba de la existencia de maniobras de ocultamiento o destrucción de la información que se intenta certificar sino que, además, recae en la propia dinámica de internet que puede llevar a que en un futuro no muy lejano, la información no pueda ser verificada en la base de datos de “” por una evolución en la misma.
En un sentido similar, los tribunales han considerado que la propia naturaleza de los documentos electrónicos hace a éstos modificables por la mera voluntad de quién tiene el control sobre ellos lo que aconseja inclinarse a favor de la concesión de medidas tendientes a su resguardo para hacerlos valer en la etapa procesal oportuna.
Asimismo, los tribunales se han mostrado más proclives a conceder medidas de prueba anticipada cuando sobre los documentos electrónicos a resguardar no exista una obligación legal de conservarlos, lo que permitiría su eliminación en cualquier momento sin que exista una sanción legal por haberlo hecho.
Respecto de ambas cuestiones, se ha dicho que “(…) se considera atendible el requerimiento en análisis, pues la información que se pretende obtener y resguardar de la base de datos de la demandada, por su naturaleza, es modificable y/o destruible por la sola voluntad de su poseedor o, incluso, desaparecer por tornarse inútil a los fines empresariales (…) [lo que se deriva] de la propia naturaleza y vulnerabilidad de los registros informáticos y de que se trata de una documentación que, como principio, no existe obligación legal de conservar”^[5]CNCom., Sala B, Expte. No. 45341/2010, “Coppola Juan Carlos c. Okal S.A. y otros s/incidente de apelación art. 250 CPROC.”, sentencia del 13/12/2010; con cita a CNCOM, Sala C, … Continuar leyendo.

Recordemos que el presente pedido reviste aún mayor gravedad pues no se trata de documentos redactados con contraste físico, sino que versa sobre datos contenidos en el sistema de la demandada sencillamente modificables y de ocultar por parte de “”; violando el debido proceso y defensa en juicio. En este orden de ideas, no cabe dudas de la admisibilidad que contiene el art. 326 CPCCN y que ha hecho la jurisprudencia argentina con relación a la prueba ante tempus.
Así las cosas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sido categórica al aceptar acabadamente las pruebas anticipadas como las que así se solicitan.
En primer lugar, con relación a la competencia del tribunal que debía entender manifestó que “Es competente la Justicia Federal para entender en el trámite de la medida de prueba anticipada solicitada, si la cuestión sustancial que se pretende ventilar en la acción principal está dada por la violación a la privacidad del servicio telefónico, siendo aplicable la ley federal de telecomunicaciones 19.798 (Adla, XXXII-C, 3422) y, en particular, su art. 18, lo que determina la competencia federal por razón de la materia en cuanto al proceso principal y asigna la radicación del mencionado procedimiento (CNCom., Sala B, Expte. No. 45341/2010, “Coppola Juan Carlos c. Okal S.A. y otros s/incidente de apelación art. 250 CPROC.”, sentencia del 13/12/2010; con cita a CNCOM, Sala C, “Nieto Eduardo Arturo c. Editorial La Razón SA y otro s/ diligencia preliminar”, sentencia del 24/02/2006 y CNCOM, Sala de Feria, “DVA Agro GMBH c. Ciagro SRL s/diligencia preliminar”, sentencia del 28/01/2009. preliminar -art. 6°, inc. 4°, Cód. Procesal-”^[6]Fallo: 326:2426. (del dictamen del procurador general que la Corte hace suyo).
Además, con respecto al fondo, estableció que “Corresponde admitir la producción anticipada de la prueba pericial médica y psicológica -arts. 326, inc. 2) y 328 Cód. Procesal- oportunamente ofrecida si se configuran de manera objetiva razones de urgencia que indican la existencia de motivos serios para considerar que su producción puede resultar imposible o muy dificultosa en la etapa procesal correspondiente”^[7]Fallo: 329:4263..
Huelga resaltar que en la presente Litis la demandada es la única propietaria y administradora de la plataforma a peritar por lo que puede desarrollar cualquier acción (una vez interpuesta la demanda) que torne de imposible cumplimiento la pericia solicitada.
A su vez, el Alto Tribunal determinó que “Corresponde hacer lugar a la solicitud de producción anticipada de prueba pericial de arquitectura en el inmueble que habría sufrido daños como consecuencia de la construcción en el terreno lindero de una torre de viviendas multifamiliar dado que hasta tanto no se produzca dicha prueba el dueño se ve impedido de reparar los daños sufridos en su propiedad”^[8]Fallo: T. 259. XLV. ORIGINARIO..
Este es sin dudas un elemento nodal que aporta el Tribunal Supremo ya que, en el presente entuerto, es imposible solicitar la reparación completa y acabada del daño (que todavía se desconoce la dimensión) sin la producción de la prueba anticipada objeto de la presentación que nos ocupa.
En este sentido, se imposibilita hasta la citación a una mediación prejudicial obligatoria pues resulta ajeno al conocimiento de esta parte el punto de conciliación posible ante el desconocimiento del alcance del daño generado.
En consecuencia y en atención a las consideraciones de hecho y derecho precedentemente expuestas, solicito a VS el dictado de la totalidad de las pruebas anticipadas urgentes indicadas.

VIII.- RESERVA CASO FEDERAL.
Atento que se encuentran en juego derechos de raigambre constitucional, dejo planteado expresamente el Caso Federal, a fin de acudir, en caso de no obtener favorable acogida en todos sus términos y alcances, por ante la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, conforme lo dispuesto por la Ley 48, artículo 14.

IX.- RESERVA DE ACTUACIONES
Que mientras se encuentren tramitando las medidas solicitadas en el presente expediente, solicito a V.S. la reserva de estos obrados, solicitando que únicamente sea exhibido a la parte actora y/o a sus letrados y/o autorizados expresamente.

X – HABILITACIÓN DE FERIA
Con fecha 20 de marzo de 2020 la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante Acordada 6/20, decidió “Disponer, en los términos de lo previsto en el artículo del Reglamento para la Justicia Nacional, feria extraordinaria -por las razones de salud pública referidas atento lo dispuesto en el Decreto de Necesidad Urgencia 297/2020- respecto de todos los tribunales federales y nacionales y demás dependencias que integran este Poder Judicial de la Nación, desde el 20 al 31 de marzo inclusive, la que, eventualmente, se extenderá por el por igual plazo que el que Poder Ejecutivo Nacional pudiera disponer su prórroga -en los términos de lo dispuesto en el artículo 1° del citado decreto-…”

En dicha Acordada también recordó “las facultades privativas de los magistrados judiciales para llevar a cabo los actos procesales que no admitan demora, medidas que de no practicarse pudieren causar un perjuicio irreparable”.
Asimismo, destacó que aquellos casos de amparos y medidas cautelares deben ser especialmente considerados a los efectos de habilitar la feria dictada.
Que por Acordadas 08/2020; 10/2020; 13/2020; 14/2020; 16/2020; 18/2020; , la feria mencionada fue prorrogada hasta el día // del corriente, haciendo presuponer que será nuevamente extendida.
En este orden de ideas, continuar con la paralización de los plazos procesales del litigio en cuestión, generaría un menoscabo irreparable en los derechos humanos de la actora -quien podría ver gravemente afectada su debida defensa en juicio-, cobrando especial relevancia la naturaleza del proceso que nos compete en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor.
Por ello, y ante la urgencia que el caso merece al tratarse de una Prueba Anticipada, es que se solicita la habilitación de la feria judicial para el presente caso.

XI.- PETITORIO
Por todo lo expuesto a V.S. solicito:
1°) Me tenga por presentado, por acreditada la personería, por parte y por constituido el domicilio legal y el electrónico.
2°) Se provean las autorizaciones conferidas.
3°) Con carácter urgente se ordenen las medida de prueba anticipada solicitadas en el presente proceso.
4°) Se tenga presente la reserva del caso Federal.

Proveer de conformidad
SERÁ JUSTICIA.