La transición hacia el sistema acusatorio en la justicia penal federal porteña avanza a paso concreto: el Consejo de la Magistratura de la Nación continúa ejecutando un plan de obras en los edificios de Comodoro Py 2002 e Inmigrantes 1950, con el objetivo de adecuar la infraestructura antes del 20 de abril, fecha en que está prevista la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal Federal en el fuero federal de la Ciudad de Buenos Aires.
Un nuevo código con historia de postergaciones
El Código Procesal Penal Federal fue sancionado en 2014 y su implementación progresiva se fue extendiendo a distintas jurisdicciones del interior del país. Sin embargo, su aplicación en el ámbito federal de la Capital Federal —que concentra buena parte de las causas de mayor impacto institucional— sufrió sucesivas demoras. La última postergación dispuesta por el Poder Ejecutivo corrió la fecha de inicio desde el 10 de noviembre del año anterior hasta el 20 de abril próximo.
El nuevo esquema procesal implica un cambio estructural: abandona el modelo inquisitivo mixto y adopta uno acusatorio, con separación estricta de las funciones de investigación y juzgamiento, audiencias orales y públicas como eje del proceso, y una lógica de gestión del caso muy distinta a la que rige actualmente.
La entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal en el fuero federal porteño está prevista para el 20 de abril. Las obras en Comodoro Py e Inmigrantes buscan garantizar que la infraestructura esté lista para ese momento.
Las obras en Comodoro Py: oficinas judiciales y redistribución interna
El foco principal de las intervenciones en curso está en la planta baja del edificio de Comodoro Py 2002, donde se ampliará el espacio destinado a la Oficina Judicial de la Cámara Federal de Casación Penal. Esta dependencia cumple un rol central en el modelo acusatorio: se ocupa de la asignación y distribución de causas, la programación y grabación de audiencias, y diversas tareas administrativas orientadas a descomprimir la carga de trabajo de los tribunales.
El año anterior ya se habían realizado obras equivalentes en el segundo piso, donde funciona la Cámara Federal con su propia oficina judicial. La redistribución interna del edificio fue posible, en parte, gracias al traslado de juzgados nacionales que anteriormente ocupaban la planta baja y que ahora operan en otras sedes.
El TOF 7 sale del Palacio de Justicia y se instala en Retiro
Una de las novedades más significativas del proceso de adecuación es la relocalización del Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7). Hasta ahora, este tribunal funcionaba en el Palacio de Justicia de la avenida Lavalle, siendo el único Tribunal Oral Federal de jurisdicción federal porteña que no tenía su sede en el denominado Polo Retiro. Esa situación generó problemas logísticos concretos: la distancia física dificultó, por ejemplo, la coordinación de presencialidades en el marco del juicio por la causa Cuadernos, cuando la Cámara de Casación debió resolver cuestiones vinculadas al desarrollo del debate.
Con su traslado al complejo de Retiro, el TOF 7 quedará próximo a la Sala AMIA, un espacio recientemente modernizado y habilitado en diciembre pasado para la realización de juicios de gran envergadura. Además, el tribunal tendrá acceso a cerca de diez salas adicionales creadas o acondicionadas durante el último año, lo que facilitará la celebración de debates orales sin depender de traslados a otras sedes.
Otro beneficio operativo del cambio es la simplificación en el traslado de personas detenidas, dado que la alcaldía del Servicio Penitenciario Federal se encuentra en la planta baja del mismo complejo.
Inmigrantes 1950: infraestructura eléctrica en más de 5.000 m²
En el edificio de la avenida Inmigrantes 1950, sede de varios organismos judiciales federales, las tareas se concentran en el tendido de obra eléctrica en una superficie que supera los 5.000 metros cuadrados. Estas intervenciones forman parte del mismo Plan General de Obras diseñado para acompañar la implementación del sistema acusatorio, con atención especial a la preservación del patrimonio histórico de los inmuebles.
Un cambio de modelo que exige más que tecnología
La experiencia de las jurisdicciones donde el Código Procesal Penal Federal ya rige —como Salta, Jujuy, Mendoza y otras provincias donde se implementó de manera progresiva— muestra que la adecuación edilicia es condición necesaria pero no suficiente. El éxito del modelo acusatorio depende también de la capacitación de los operadores judiciales, la dotación de recursos humanos para las oficinas judiciales y la coordinación entre el Ministerio Público Fiscal, la defensa pública y los tribunales.
En ese sentido, las obras en Comodoro Py e Inmigrantes constituyen una señal institucional de avance, pero la consolidación del cambio procesal requerirá un esfuerzo sostenido mucho más allá de la fecha de puesta en marcha.
