Los números son elocuentes: de cada dos reclamos que llegan desde una cárcel federal argentina, al menos uno tiene que ver con obstáculos para acceder a la justicia o con problemas de salud sin resolver. Así lo indica un informe elaborado por la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), organismo del Ministerio Público Fiscal de la Nación, que analizó las comunicaciones recibidas a través de sus dos líneas telefónicas gratuitas durante el año 2025.
El relevamiento procesó 399 llamados que dieron origen a 574 reclamos diferenciados. De ese universo, 146 demandas correspondieron a dificultades de acceso a la justicia y 149 a deficiencias en la atención médica, lo que en conjunto representa el 54% del total. Los datos permiten trazar un mapa preciso —y preocupante— de las condiciones en que transcurre la privación de libertad en el sistema penitenciario federal.
Quiénes llaman y desde dónde
El 95% de los comunicantes se encontraba alojado en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal (SPF). El resto provenía de comisarías o servicios penitenciarios provinciales. En términos geográficos, la mayor concentración de llamados se registró en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza y el CPF II de Marcos Paz —ambos en la provincia de Buenos Aires—, y en el CPF V de Senillosa, ubicado en la provincia del Neuquén.
Por género, el 93% de quienes se comunicaron fueron varones, el 4% mujeres y el 2% personas travesti-trans. Esta distribución refleja, en buena medida, la composición demográfica de la población carcelaria federal, aunque también puede dar cuenta de barreras diferenciales en el acceso a los mecanismos de denuncia.
El 54% de los 574 reclamos registrados por la PROCUVIN en 2025 se concentró en dos áreas: acceso a la justicia (146 casos) y atención médica intramuros (149 casos).
Las barreras para llegar a la justicia
Los reclamos vinculados al acceso a la justicia no son abstractos: incluyen dificultades concretas para comunicarse con defensores públicos o privados, insuficiencia de recursos de la defensa oficial, obstáculos administrativos para tramitar presentaciones ante los juzgados y, en algunos casos, temor a represalias por parte del personal penitenciario ante quienes intentan ejercer sus derechos procesales.
Este último punto merece atención especial. Que una persona detenida tema denunciar irregularidades por miedo a consecuencias dentro del penal configura una vulneración directa del principio de tutela judicial efectiva, reconocido tanto en la Constitución Nacional como en los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. La situación de encierro no suspende los derechos; los hace más difíciles de ejercer, lo que exige al Estado una actitud activa de garantía.
Salud intramuros: una deuda estructural
En materia de salud, el informe identifica que el 95% de los reclamos médicos apuntaron a limitaciones para recibir atención clínica. Esto resulta llamativo en penales que cuentan con infraestructura hospitalaria propia, lo que sugiere que el problema no es solo de recursos materiales sino también de organización, acceso efectivo y seguimiento de los tratamientos.
El dato adquiere mayor relevancia si se considera que el Estado, en su rol de garante, asume una posición de especial responsabilidad frente a quienes se encuentran bajo su custodia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reafirmado reiteradamente —entre otros, en el caso Instituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay— que las personas privadas de libertad no pueden ser sometidas a condiciones que pongan en riesgo su integridad física, lo que incluye la negación o el retardo injustificado de atención sanitaria.
Otros motivos de reclamo y el aislamiento como problema
Fuera del binomio justicia-salud, el informe registra otras demandas que configuran un cuadro más amplio de vulneraciones. Entre las más frecuentes se cuentan las condiciones materiales de detención (44 casos), los pedidos de traslado o permanencia en el establecimiento de alojamiento (35), cuestiones de trabajo y educación (29), vinculación familiar (26), malos tratos del personal (23) y situaciones de aislamiento (20).
En cuanto a la conflictividad intramuros, el relevamiento identificó 83 situaciones de violencia, de las cuales el 30% correspondió a métodos de protesta —huelgas de hambre, incendios—, el 28% a malos tratos del personal penitenciario y el 24% a episodios relacionados con el aislamiento solitario. El aislamiento prolongado es reconocido por los Estándares Mínimos de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela, 2015) como una práctica que puede constituir trato cruel, inhumano o degradante cuando se extiende más allá de ciertos límites temporales y condiciones.
La respuesta institucional y el rol de las líneas telefónicas
Ante el conjunto de reclamos recibidos, la PROCUVIN desplegó 588 gestiones: 301 informes dirigidos a dependencias judiciales, 191 pedidos de intervención al SPF, 58 comunicaciones telefónicas directas con los establecimientos y 23 denuncias penales, entre otras acciones.
Las líneas telefónicas gratuitas operadas por la Procuraduría funcionan como un canal de acceso directo para personas que, por su situación de encierro, tienen capacidad muy limitada de hacer llegar sus denuncias al exterior. Su existencia es valiosa, pero los datos del informe también evidencian que la magnitud y recurrencia de los problemas detectados exige respuestas estructurales que vayan más allá de la gestión caso por caso. La identificación sistemática de patrones —como la concentración de reclamos en determinados penales o la persistencia de las mismas categorías de problemas— debería traducirse en políticas institucionales sostenidas de mejora en las condiciones de detención.
