El Poder Ejecutivo nacional publicó el Decreto 467/2026, una norma que modifica aspectos centrales de los procedimientos previstos en los Decretos 222/2003 y 588/2003 para la nominación de integrantes de la Corte Suprema, autoridades del Ministerio Público, jueces de tribunales inferiores, fiscales y defensores públicos.
La nueva regla elimina etapas administrativas de observaciones y publicación previa en el Ministerio de Justicia, mantiene declaraciones juradas e informes fiscales, y desplaza el control participativo principal al trámite de acuerdo en el Senado.
Qué cambia en el Decreto 222/2003
Para las vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el decreto sustituye el esquema anterior por una publicación más acotada: dentro de los 30 días de producida la vacante, deberán publicarse en el Boletín Oficial y en la página web del Ministerio de Justicia, durante tres días, el nombre y los antecedentes curriculares de las personas consideradas para cubrirla.
Las personas incluidas en esa publicación deberán presentar, dentro de los cinco días de finalizada, una declaración jurada patrimonial en los términos de la Ley de Ética Pública. También deberán informar asociaciones civiles y sociedades que integren o hayan integrado, estudios jurídicos, clientes o contratistas de los últimos ocho años y otros compromisos que puedan afectar la imparcialidad de su criterio.
Además, el Ministerio de Justicia solicitará a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero un informe sobre el cumplimiento de obligaciones impositivas y previsionales, preservando el secreto fiscal. Luego, las actuaciones serán elevadas al Poder Ejecutivo, que resolverá si remite la propuesta al Senado para requerir el acuerdo correspondiente.
Alcance sobre ternas judiciales y Ministerio Público
El decreto también modifica el régimen del Decreto 588/2003, aplicable a ternas para funcionarios del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público. En esos casos, se publicarán durante un día en el Boletín Oficial los cargos a cubrir, la integración de las ternas y la referencia a la página web del Ministerio de Justicia donde podrán consultarse puntajes, antecedentes y currículums.
Los candidatos ternados deberán presentar declaraciones juradas patrimoniales y de posibles conflictos de interés, con un contenido similar al previsto para la Corte. La norma fija un plazo de cinco días para esa presentación y otro plazo de cinco días para que ARCA emita el informe sobre cumplimiento fiscal y previsional.
Qué etapas se derogan
La medida deroga artículos de los Decretos 222/2003 y 588/2003 que preveían instancias administrativas previas de publicidad, recepción de observaciones y análisis en la órbita del Ministerio de Justicia. Según los considerandos del decreto, esas instancias duplicaban controles que ya existen en el procedimiento de acuerdo del Senado.
Ese argumento debe leerse como la justificación oficial de la reforma. Desde el punto de vista práctico, el cambio reduce el tramo administrativo previo y concentra la participación y el escrutinio público en la etapa parlamentaria, donde el Senado debe tratar los acuerdos mediante sesiones, audiencias y mecanismos previstos en su reglamento.
Vigencia y efectos prácticos
El Decreto 467/2026 fue dictado el 12 de junio de 2026 y publicado en el Boletín Oficial el 16 de junio de 2026. Su entrada en vigencia fue fijada para el día siguiente al de su publicación, es decir, el 17 de junio de 2026.
Para los procesos de selección y cobertura de vacantes, la consecuencia principal es una reorganización del circuito institucional: menos pasos administrativos antes de la decisión presidencial de enviar una propuesta y mayor peso del trámite de acuerdo en el Senado. Para quienes sigan concursos, ternas o nominaciones, seguirá siendo relevante revisar la publicación oficial, la información disponible en el Ministerio de Justicia y, especialmente, el expediente parlamentario de acuerdo.
Un cambio sensible en materia institucional
La norma no modifica las mayorías constitucionales ni legales requeridas para los acuerdos del Senado. Tampoco elimina las declaraciones juradas ni los informes sobre cumplimiento impositivo y previsional. Su punto más sensible está en la distribución de controles entre el Poder Ejecutivo y el Senado: el Ejecutivo sostiene que elimina duplicaciones; el efecto concreto es que determinadas observaciones y evaluaciones públicas dejarán de tramitarse como etapa administrativa previa.
