La participación directa de los ciudadanos en los juicios penales no solo resuelve casos: también reconstruye la confianza institucional. Esa es la conclusión más relevante de una investigación elaborada por el Centro de Perfeccionamiento Ricardo C. Núñez del Poder Judicial de Córdoba, que analizó las percepciones de más de dos mil personas que ejercieron la función de jurado popular en esa provincia a lo largo de casi dos décadas.
Qué midió la investigación
El estudio se basó en encuestas realizadas a 2428 ciudadanos que participaron como jurados populares en Córdoba entre 2006 y 2024. El diseño contempló una instancia de medición antes del juicio y otra posterior, lo que permitió comparar con precisión el impacto de la experiencia sobre la percepción del sistema judicial.
El equipo estuvo dirigido por Carlos Ferrer y Gonzalo Romero, y los resultados fueron incorporados a un informe institucional que analiza tanto los logros del sistema como los desafíos pendientes.
Antes de participar, el 40% de los futuros jurados calificaba a la justicia como regular o mala. Después del juicio, esa cifra cayó al 4%.
Un vuelco significativo en la percepción
Los datos del relevamiento son contundentes. Antes de participar en el juicio oral, el 56% de los encuestados tenía una opinión buena, muy buena o excelente sobre la administración de justicia. El 40% restante la calificaba como regular o mala. Tras cumplir la función como jurado, el 95% de los participantes declaró tener una imagen positiva del sistema judicial, y apenas el 4% mantuvo una valoración regular.
El informe atribuye este cambio a factores concretos de la experiencia: la comprensión activa de los procedimientos, el contacto directo con los operadores judiciales y, especialmente, el trato cercano, claro y empático dispensado por jueces, funcionarios y coordinadores durante el proceso. Según las conclusiones del equipo de investigación, ese conjunto de elementos genera una sensación de cercanía entre las decisiones judiciales y la sociedad civil, lo que fortalece la percepción de independencia, imparcialidad y transparencia del Poder Judicial.
La valoración de la experiencia en términos generales también resultó llamativa: las respuestas positivas sobre el desempeño del tribunal y el trato recibido superaron el 98% en todos los ítems evaluados.
El perfil de quienes participaron
La muestra relevada permite trazar un perfil sociológico de los jurados populares cordobeses durante el período analizado. La franja etaria predominante fue la de 31 a 50 años, que representó el 63% de los participantes. En cuanto a la situación laboral, el 37% trabajaba en relación de dependencia, el 26,3% era autónomo, el 12,1% realizaba tareas en el hogar, el 6,8% estaba jubilado, el 6% era profesional independiente y el 5,9% se encontraba desocupado al momento de integrar el jurado.
Un dato relevante desde la perspectiva del acceso a la justicia: el 87% de los participantes indicó no haber tenido inconvenientes laborales por su participación como jurado, lo que sugiere que la función cívica resulta compatible con la vida cotidiana en la mayoría de los casos.
Respecto a las fuentes de información previas sobre el sistema penal, casi la mitad de los encuestados (47,8%) indicó haber obtenido sus conocimientos a través de los medios de comunicación. Le siguieron la experiencia personal con el servicio de justicia (20,9%), las experiencias de allegados (11,3%) y los estudios universitarios (9,9%).
La perspectiva de género como componente formativo
El informe dedica una sección específica al impacto de la capacitación en perspectiva de género implementada por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, a través de la Oficina de Jurados y la Oficina de la Mujer. En ese marco, se distribuyó entre los integrantes de los tribunales de juicio —tanto jueces técnicos como legos— el manual Conceptos Básicos para Juzgar con Perspectiva de Género.
El objetivo declarado fue dotar a los ciudadanos de herramientas orientadoras y comunes para el ejercicio de la función judicial. Los resultados fueron significativos: el 93,8% de los jurados populares encuestados indicó haber aplicado los conceptos de género durante la deliberación. El informe señala que ese nivel de formación previa permite a los jurados posicionarse con mayor ecuanimidad y ejercer su deber cívico desde una perspectiva más imparcial frente a los casos con componente de género.
Durante 2024, 16 de los 45 juicios con jurados registraron debates vinculados a cuestiones de género, lo que revela la relevancia práctica de esa capacitación específica.
Un sistema que consolida su legitimidad
Los resultados del informe del Centro de Perfeccionamiento Ricardo C. Núñez aportan evidencia empírica a un debate que suele plantearse en términos teóricos: la participación ciudadana en la administración de justicia no solo es un derecho cívico o una garantía procesal, sino también un mecanismo eficaz para reducir la brecha entre la percepción social del sistema judicial y su funcionamiento real.
En Argentina, el juicio por jurados se encuentra previsto en los artículos 24, 75 inciso 12 y 118 de la Constitución Nacional, aunque su implementación efectiva depende de la legislación procesal de cada provincia. Córdoba es una de las jurisdicciones con mayor trayectoria en la materia a nivel nacional, con casi veinte años de experiencia acumulada que ahora cuenta con respaldo estadístico sólido.
