El Poder Ejecutivo publicó el Decreto 547/2026, una norma que no concreta por sí misma el traspaso de causas penales, pero sí habilita un paso político y administrativo central: delega en el titular del Ministerio de Justicia la facultad de celebrar convenios con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para avanzar en la transferencia de competencias penales actualmente radicadas en la justicia nacional con asiento en la Capital Federal.
La norma entró en vigencia el 24 de junio de 2026 y permite al Ministerio de Justicia negociar y firmar acuerdos de transferencia penal con la Ciudad, sujetos luego al tratamiento del Congreso.
Qué dispone el decreto
La medida delega en el Ministerio de Justicia la representación del Estado Nacional para suscribir convenios o acuerdos con la Ciudad de Buenos Aires sobre la transferencia de competencias penales no federales. El objeto señalado por el decreto es que la investigación y el juzgamiento de esos delitos pasen desde el Ministerio Público Fiscal de la Nación y los tribunales nacionales con asiento en la Ciudad hacia el Poder Judicial porteño.
La delegación también alcanza a la firma de adendas, modificaciones y acuerdos complementarios. Es decir, el decreto no se limita a autorizar un único instrumento, sino que permite negociar el esquema documental necesario para ordenar el proceso de transferencia.
Qué queda fuera del alcance inmediato
El decreto no transfiere automáticamente juzgados, fiscalías, causas, personal ni presupuesto. Tampoco define por sí solo el calendario operativo del cambio ni las reglas de transición para expedientes en trámite. La propia norma prevé que, una vez firmados los convenios entre Nación y Ciudad, deberán remitirse al Congreso de la Nación para su tratamiento y ratificación.
Ese punto es relevante porque evita confundir la autorización para negociar y firmar acuerdos con la consumación jurídica del traspaso. En términos prácticos, el decreto funciona como una habilitación institucional para iniciar o profundizar esa negociación, no como la última palabra del proceso.
El contexto invocado por el Poder Ejecutivo
Según los considerandos, el Poder Ejecutivo encuadra la medida en la autonomía reconocida a la Ciudad de Buenos Aires por la reforma constitucional de 1994 y en la necesidad de completar la transferencia gradual de competencias ordinarias. El decreto cita antecedentes normativos y fallos de la Corte Suprema, entre ellos los casos Corrales, Bazán y Ferrari, como parte del marco institucional que impulsaría la culminación del proceso.
La norma también menciona transferencias penales anteriores y el acuerdo de 2026 referido a la función judicial en materia laboral, aprobado por la Ley 27.802. Esa referencia muestra que el decreto se inserta en una discusión más amplia sobre el lugar institucional de la Ciudad y la subsistencia de tribunales nacionales ordinarios con asiento local.
Impacto práctico y próximos pasos
Para operadores judiciales, litigantes y organismos públicos, el efecto inmediato es la apertura de una etapa de negociación formal. Si esos convenios avanzan y luego son aprobados, podrían impactar en la distribución de causas penales, la organización de los tribunales intervinientes y la articulación entre ministerios públicos, juzgados y estructuras administrativas.
El decreto menciona especialmente la materia penal juvenil, en conexión con el régimen procesal local y el nuevo Régimen Penal Juvenil de la Ley 27.801. Esa referencia sugiere que uno de los focos sensibles será la compatibilización entre competencias penales transferidas y sistemas locales especializados, aunque los detalles concretos dependerán de los convenios que finalmente se firmen.
Vigencia
El Decreto 547/2026 fue dictado el 24 de junio de 2026, publicado en el Boletín Oficial el 25 de junio de 2026 y estableció su vigencia desde el día de su dictado. Desde ese momento, el Ministerio de Justicia cuenta con la delegación para avanzar en los acuerdos previstos por la norma.
