La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires (SCBA) presentó a fines de abril de 2026 un proyecto de ley denominado «Proyecto de fortalecimiento del Poder Judicial», orientado a obtener la autarquía económica y financiera del fuero bonaerense. La iniciativa será girada a la Legislatura provincial y propone que el Poder Judicial elabore y administre su propio presupuesto sin depender de las asignaciones que hoy fija el Ejecutivo.
El acto fue encabezado por el presidente de la Corte, Sergio Torres, junto a su vicepresidente Daniel Soria y la ministra Hilda Kogan —los únicos tres integrantes activos del tribunal—, además del procurador general Julio Conte Grand. Participaron también representantes de asociaciones de letrados, jueces de Casación, camaristas y trabajadores judiciales nucleados en la Asociación Judicial Bonaerense (AJB).
El argumento central: sin autarquía no hay independencia
Torres sintetizó la filosofía que sostiene el proyecto con una afirmación directa: «No hay independencia judicial posible sin autarquía económica». En su exposición, el magistrado describió el esquema presupuestario vigente como rígido y subordinado, señalando que impide una gestión eficiente de los recursos y dificulta la planificación de políticas públicas en materia judicial.
Según explicaron los magistrados, el Poder Judicial bonaerense participa del gasto provincial con una porción que oscila entre el 3,5% y el 4,5% del presupuesto total. Esa participación, advirtieron, se mantiene estancada o incluso retrocede en términos relativos mientras las demandas sobre el sistema de justicia crecen de manera sostenida.
El Poder Judicial bonaerense representa entre el 3,5% y el 4,5% del gasto provincial, una proporción que permanece estancada pese al aumento constante de la litigiosidad.
La brecha salarial con el fuero nacional, un síntoma estructural
Uno de los argumentos más concretos que respaldaron la propuesta fue la comparación salarial entre el Poder Judicial provincial y el nacional. Los ministros señalaron que las diferencias superan en promedio el 50% en favor del fuero federal, con brechas aún mayores en determinadas categorías. Esa disparidad, sostuvieron, no es un problema coyuntural de paritarias sino la consecuencia directa de que un sistema puede fijar sus propias políticas remunerativas mientras el otro queda atado a decisiones ajenas.
En ese marco, el proyecto contempla que la autarquía venga acompañada de una ley marco de negociaciones colectivas para el sector judicial bonaerense, lo que permitiría ordenar las relaciones laborales internas con mayor previsibilidad institucional.
Un tribunal inéditamente desintegrado
El otro eje de la presentación fue el reclamo por la cobertura de las cuatro vacantes que tiene la Corte desde hace seis años. Desde la renuncia del ministro Luis Genoud, el tribunal funciona con solo tres de sus siete miembros, una situación que Torres calificó como «inédita» en la historia del órgano.
La referencia constitucional fue precisa: el artículo 170 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires establece a la Suprema Corte como cabeza del Poder Judicial bonaerense. Operar con menos de la mitad de su composición plena no es, entonces, una irregularidad administrativa menor, sino un déficit en el gobierno institucional del fuero.
«La cobertura de vacantes en la Corte no es una cuestión administrativa ni de política menor. Es una condición institucional básica para garantizar el gobierno del Poder Judicial», enfatizaron desde el tribunal.
Durante 2025, el Poder Judicial bonaerense cubrió 412 vacantes en la administración de justicia y el ministerio público, aunque al momento de la presentación restaban completar alrededor de 200 cargos en distintos fueros y jurisdicciones.
Qué implicaría la autarquía en la práctica
La autarquía económica no equivale a independencia política total, sino a una capacidad técnica y administrativa concreta: que el Poder Judicial pueda formular su propio presupuesto, recibir directamente los fondos que le corresponden y ejecutarlos sin intermediaciones que hoy generan demoras y condicionamientos.
En términos prácticos, el modelo permitiría:
- Planificar inversiones en infraestructura y tecnología judicial con horizonte plurianual.
- Sostener políticas salariales propias sin quedar subordinadas al ritmo presupuestario del Ejecutivo.
- Negociar colectivamente con los trabajadores judiciales en un marco legal específico.
- Reducir la dependencia de reasignaciones discrecionales que hoy condicionan la gestión.
El proyecto y su recorrido legislativo
La iniciativa deberá ser tratada por la Legislatura bonaerense, donde el debate previsiblemente involucrará tanto consideraciones presupuestarias como discusiones sobre el diseño institucional del Poder Judicial provincial. La SCBA eligió presentar el proyecto en un acto público y con amplia convocatoria, lo que sugiere una estrategia deliberada de visibilización para generar respaldo social y político antes del tratamiento parlamentario.
La propuesta se inscribe en una tendencia más amplia de reforma de la organización judicial en la Argentina: varios poderes judiciales provinciales han avanzado o discuten esquemas similares de autarquía, con resultados variables según el contexto político de cada distrito. En el caso bonaerense, la combinación de un tribunal funcionando a menos de la mitad de su composición y una brecha salarial estructural con el fuero nacional le otorga al planteo una urgencia que difícilmente pueda ser ignorada por los otros poderes del Estado.