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Imagen alusiva para RIGI: el Decreto 1366/2026 amplía la definición de proveedor local y regula cambios en los vehículos de inversión

El Poder Ejecutivo publicó el Decreto 1366/2026, que modifica cuatro disposiciones del Anexo I del Decreto 749/2024, reglamentario del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Los cambios alcanzan a los proveedores de proyectos adheridos, a los vehículos de proyecto único (VPU) y a sus planes de inversión y financiamiento. La norma fue publicada en el Boletín Oficial el 16 de noviembre de 2026 y rige desde ese mismo día.

Una sociedad constituida y domiciliada en la Argentina podrá ser proveedor local del RIGI sin que la composición de su capital social, por sí sola, la excluya de esa categoría.

Proveedores locales: deja de exigirse una mayoría de capital domiciliado en el país

El nuevo inciso f) del artículo 3 define como proveedores locales a las personas humanas con domicilio fiscal en el país y a las personas jurídicas constituidas y domiciliadas aquí, siempre que presten servicios o suministren bienes a uno o más VPU adheridos. En la versión anterior de la reglamentación, las sociedades debían cumplir, además, una condición vinculada al domicilio fiscal de los titulares de al menos el 51 % del capital o de los votos necesarios para formar la voluntad social. Ese requisito de control o capital local desaparece del nuevo texto.

La modificación no convierte automáticamente en nacionales todos los bienes que entregue una empresa radicada en el país: para los bienes subsisten los criterios de origen del Acuerdo de Complementación Económica N.º 18 del Mercosur y la metodología que precise la autoridad de aplicación. Según los considerandos, el Ejecutivo busca ampliar la participación de empresas radicadas en la Argentina en las cadenas de suministro de proyectos RIGI; el alcance efectivo dependerá también de la aplicación de esas reglas de origen.

Una fecha límite para la inversión mínima del proyecto

El decreto sustituye el inciso i) del artículo 47. La fecha límite pasa a referirse al cumplimiento del monto mínimo de inversión en activos computables del proyecto único, de acuerdo con los artículos 172 y 173 de la Ley 27.742 y la reglamentación. La versión previa agregaba, para los proyectos de exportación estratégica de largo plazo, que esa fecha sería el último día de cada una de las dos primeras etapas; esa frase ya no figura en el inciso reemplazado.

Esto permite distinguir la fecha para alcanzar el mínimo del proyecto en conjunto de los compromisos propios de cada etapa. No significa que se hayan suprimido los montos o exigencias de inversión por etapas previstos en otras disposiciones del régimen: el decreto no los modifica expresamente.

Cesiones de participaciones y reorganización de sucursales dedicadas

El nuevo artículo 62 conserva las reglas sobre adquisiciones y fusiones, y agrega un procedimiento específico para los VPU organizados como uniones transitorias u otros contratos asociativos. Sus miembros podrán ceder participaciones o incorporar integrantes sin perder por ello los derechos del VPU y del proyecto, pero deberán informar la operación dentro de los 15 días corridos de su inscripción en el Registro Público y acreditar el consentimiento exigible, la aptitud del nuevo miembro, el destino de los bienes afectados y la asunción de compromisos y garantías pendientes. La autoridad de aplicación tendrá 30 días corridos para observarla; vencido ese plazo, se la tendrá por conformada. El cedente seguirá respondiendo solidariamente por obligaciones devengadas hasta la inscripción.

También se habilita, con autorización previa, que una sucursal dedicada transfiera íntegramente los activos, pasivos, derechos y obligaciones del proyecto a una sociedad anónima o unipersonal constituida al efecto. Si se cumplen los requisitos, la nueva sociedad sustituirá a la sucursal como VPU sin una nueva adhesión ni cambio de la fecha original. La autorización administrativa no reemplaza los consentimientos de terceros que puedan ser necesarios para transferir concesiones, permisos u otros derechos. Las compras de participaciones y las cesiones reguladas en el artículo 62 no computan, por sí mismas, como inversión en activos computables para el mínimo legal.

Divisas aportadas por sujetos vinculados

La sustitución del inciso c) del artículo 100 precisa qué divisas pueden tomarse en cuenta si el Banco Central establece condiciones de acceso al mercado de cambios para determinados VPU que hayan incluido el incentivo cambiario en su análisis de factibilidad. Además de las divisas ingresadas y liquidadas directamente por el vehículo, podrán considerarse, bajo las condiciones del artículo, aportes de no residentes o financiamiento externo ingresados y liquidados por integrantes de contratos asociativos, sus accionistas directos o indirectos, socios o accionistas del VPU y la titular de una sucursal dedicada.

El cómputo está condicionado a que los fondos se destinen efectivamente al proyecto único, se observen los procedimientos que establezca el Banco Central y exista registro contable y trazabilidad. El decreto no equivale a una habilitación cambiaria incondicional: describe una facultad del Banco Central y mantiene la excepción prevista para ciertos intereses y dividendos.

En términos prácticos, los VPU y sus asesores deberán revisar la documentación de sus proveedores, las fechas comprometidas en cada plan de inversión y la instrumentación registral y contable de las reorganizaciones y aportes. Esos controles surgen de las nuevas condiciones reglamentarias; su cumplimiento en cada caso dependerá de la estructura del proyecto y de las decisiones de las autoridades competentes.

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