El Decreto 1161/2026 promulgó la Ley 27.828, publicada el 13 de octubre de 2026. Aunque la norma se presenta como una modificación del régimen de zona fría, también contiene disposiciones sobre el mercado eléctrico, las energías renovables, las tarifas de gas y los hidrocarburos. La ley entró en vigencia con su publicación, pero no todos sus mecanismos quedan definidos sin reglamentación.
Zona fría: del descuento territorial a una bonificación focalizada
La ley reemplaza el artículo 75 de la Ley 25.565 y modifica el artículo 3 de la Ley 27.637. En las regiones patagónicas, Malargüe y la Puna, mantiene la continuidad del régimen para los usuarios residenciales de gas por redes y para ciertos usuarios del Servicio General P abastecidos con propano por redes; sin embargo, el nuevo artículo 3 ya no fija el descuento del 50% que establecía la redacción anterior. Su determinación queda en manos del Poder Ejecutivo o de la autoridad de aplicación.
En las zonas frías incorporadas fuera del núcleo histórico, la nueva bonificación se vincula con la inscripción en el régimen de subsidios focalizados, los consumos base y requisitos de ingresos o vulnerabilidad.
Para las subzonas bioambientales IIIa, IVa, IVb, IVc, IVd, V y VI que no integran ese núcleo histórico, el fondo financiará una bonificación adicional sobre los consumos base de quienes estén inscriptos en el Régimen de Subsidios Focalizados. La ley menciona hogares con ingresos netos conjuntos de hasta tres canastas básicas totales para un Hogar 2, con Certificado de Vivienda Familiar o con un integrante beneficiario de la pensión vitalicia para veteranos del Atlántico Sur. En el caso del Certificado Único de Discapacidad, la Secretaría de Energía debe evaluar de qué modo acredita la necesidad de ayuda económica: el texto no lo convierte, por sí solo, en una bonificación automática.
La comparación con la Ley 27.637 es relevante: sus artículos 4 a 8 establecían la ampliación territorial y descuentos del 30% o 50% según el caso, además de reglas para entidades de bien público, asociaciones y comedores. Esos artículos quedan derogados. La Ley 27.828 no reproduce esos porcentajes para la nueva bonificación, por lo que no corresponde afirmar que todos los beneficiarios conservarán el mismo descuento ni anticipar el importe de una factura individual.
Financiamiento y fechas
El fondo se financia mediante un recargo de hasta el 7,5% sobre el precio del gas natural en el punto de ingreso al transporte, aplicable a los volúmenes consumidos o comercializados en el país. La nueva redacción exceptúa los volúmenes destinados a exportación y los provenientes de GNL importado y regasificado que ingresen al sistema de transporte. El recargo rige para entregas posteriores a la publicación; la ley aclara que esas excepciones también tienen efecto desde la publicación. El régimen se mantiene hasta el 31 de diciembre de 2031.
Otros cambios en el sector energético
En electricidad, la ley prevé un procedimiento para determinar diferencias de ingresos ligadas a emergencias tarifarias y aplicar eventuales créditos a deudas de distribuidoras con CAMMESA, bajo condiciones, límites y renuncia a reclamos. Para transportistas federales contempla una compensación acotada de penalidades. También modifica el artículo 40 de la Ley 24.065 sobre los componentes del costo de adquisición de electricidad que integran la tarifa de distribución y su discriminación en la factura.
En renovables, prorroga hasta el 31 de diciembre de 2045 el plazo del artículo 17 de la Ley 27.191 y habilita, excepcionalmente y bajo condiciones, la cesión de ciertos contratos de abastecimiento. En gas, modifica el artículo 38 de la Ley 24.076 para prever el traslado automático a tarifas del costo de adquisición que resulte de procesos competitivos, conforme a una reglamentación futura. En hidrocarburos deroga el Decreto 277/2022 y el Decreto 929/2013, junto con artículos de la Ley 27.007; respecto del régimen del Decreto 929/2013, preserva expresamente los derechos adquiridos de proyectos aprobados hasta que ocurra una causal de cese prevista en ese decreto.
Qué conviene verificar
El efecto concreto para cada usuario dependerá, entre otros factores, de su ubicación, inscripción, categoría de consumo y de las decisiones reglamentarias y tarifarias posteriores. La promulgación no equivale a la asignación individual de un subsidio. Para evaluar un caso, corresponde contrastar la situación del suministro y la factura con las reglas que dicten la autoridad de aplicación y el ente regulador, sin tomar los porcentajes de la Ley 27.637 derogada como si siguieran vigentes para las zonas incorporadas.
