La Dirección Nacional de Migraciones (DNM) dejó sin efecto la Disposición 2229/2014, que había habilitado la emisión de autorizaciones de residencia precaria en determinados trámites de control de permanencia aun cuando se hubiera ordenado la expulsión o intimado al extranjero a abandonar el país. La nueva Disposición 1547/2026 fue dictada el 4 de noviembre y publicada en el Boletín Oficial el 6 de noviembre de 2026.
El cambio elimina la regla administrativa de 2014 para emitir una residencia precaria en esos procedimientos; no equivale a derogar toda la figura de residencia precaria prevista en la Ley de Migraciones.
Qué regla se elimina
El único efecto dispositivo expreso de la nueva norma es dejar sin efecto la Disposición DNM 2229/2014. Según la descripción de sus considerandos, aquella medida permitía otorgar una autorización de residencia precaria, al amparo del artículo 20 de la Ley 25.871, en trámites de control de permanencia en los que ya existía una orden de expulsión o una conminación a abandonar el territorio. También establecía sus alcances, plazos y efectos. La Disposición 1547/2026 no reemplaza esa regulación por un procedimiento nuevo ni detalla en su articulado el tratamiento de expedientes en curso.
El fundamento invocado por Migraciones
La DNM vincula el cambio con la redacción del artículo 20 de la Ley 25.871 tras el Decreto 366/2025. Conforme al pasaje que reproduce la nueva disposición, una vez iniciado el trámite migratorio y hasta su resolución, la autoridad de aplicación podrá conceder una residencia precaria. El organismo interpreta que esa posibilidad está ligada a un procedimiento de regularización y considera incompatible emitirla, bajo la regla de 2014, a quien tiene una orden de expulsión o de abandono. Esa incompatibilidad es el criterio expresado por la DNM en los considerandos, no una nueva prohibición general redactada en el artículo 1°.
La propia motivación menciona las situaciones de reunificación familiar o razones humanitarias contempladas por el artículo 29 de la ley. La disposición no desarrolla cómo se tramitarán esos casos ni permite concluir que tales supuestos hayan desaparecido.
Alcance práctico y límites
Para quienes estaban alcanzados por el mecanismo de 2014, ya no puede invocarse esa disposición como base para solicitar su emisión. La evaluación de una residencia precaria por otras vías exige atender a la situación migratoria y a las normas aplicables a cada trámite; la medida no dice que toda persona con una actuación de control quede automáticamente excluida de cualquier posibilidad de regularización.
La DNM afirma, además, que subsiste el derecho de defensa previsto en el artículo 74 de la Ley de Migraciones, en sede administrativa o judicial. Dejar sin efecto la regla sobre residencia precaria no elimina por sí mismo los recursos o controles judiciales. La disposición tampoco fija una cláusula específica de transición ni precisa qué sucede con autorizaciones ya emitidas: esos efectos no deberían presumirse a partir de su breve articulado.
Qué conviene verificar en cada expediente
La distinción relevante es entre un trámite de regularización iniciado, una orden de expulsión o abandono y una autorización precaria ya otorgada. Su existencia y estado procesal pueden cambiar la evaluación del caso. Como el texto completo de la medida de 2014 no fue corroborado independientemente para esta nota, la comparación se limita a la función que la propia Disposición 1547/2026 le atribuye; no es posible precisar aquí todos los plazos y efectos que contenía aquella regulación.
