La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) publicó el 12 de noviembre de 2026 la Resolución General 5927/2026, que reglamenta el régimen especial de reducción del 50% de determinadas multas por incumplimientos formales. La ley ya había creado el beneficio; la novedad es que ahora quedan definidos el plazo para subsanar la omisión, los sujetos y sanciones comprendidos y el trámite para multas que todavía se discuten.
Qué añade la reglamentación a la ley
El artículo 17 de la Ley 27.826 estableció la reducción para ciertas multas de la Ley 11.683. El artículo 4 del Decreto 1253/2026 precisó que la condición del contribuyente se evalúa al momento de la infracción y que el beneficio opera de pleno derecho si se cumple la obligación omitida en las condiciones que determine ARCA. La nueva resolución concreta esas condiciones: fija el 18 de diciembre de 2026, inclusive, como fecha límite para cumplir el deber formal pendiente y establece un procedimiento específico cuando la multa está en discusión.
La reducción no elimina la obligación formal: para acceder al beneficio hay que cumplirla hasta el 18 de diciembre de 2026.
Quiénes y qué multas están alcanzados
La medida comprende a personas humanas y sucesiones indivisas; a micro, pequeñas y medianas empresas de los tramos 1 y 2 con Certificado MiPyME y caracterización en el Sistema Registral; y a entidades sin fines de lucro registradas bajo las formas jurídicas que enumera la resolución. En todos los casos, quedan excluidos los Grandes Contribuyentes comprendidos en la categorización que la norma cita. El encuadre se verifica a la fecha en que se cometió la infracción, no al momento de solicitar o aplicar la reducción.
El régimen alcanza multas por infracciones a deberes formales de los artículos 38 y 39 de la Ley 11.683 y de los artículos sin número agregados a continuación. Deben corresponder a obligaciones vencidas desde el 2 de enero de 2026, por infracciones cometidas antes del 9 de octubre de 2026. A esa última fecha, las multas no debían estar firmes o, si lo estaban, no debían haber sido canceladas. La resolución considera canceladas también las incorporadas a una adhesión a un plan de facilidades de pago. No abarca, por lo tanto, cualquier multa tributaria ni cualquier período.
Multas en discusión: presentación y allanamiento
Para los casos que no están en discusión, la resolución dispone la aplicación de pleno derecho, sin intervención del contribuyente, siempre que se cumplan los requisitos. Si la sanción está en discusión administrativa, contencioso-administrativa o judicial, el interesado debe primero cumplir la obligación formal omitida y luego presentar, también hasta el 18 de diciembre, el trámite “Beneficio especial de reducción de multas – Ley 27.826” en “Presentaciones Digitales”. Debe identificar la sanción mediante el número de sumario, resolución o instrumento correspondiente y aportar los datos necesarios para individualizarla.
Esa presentación tiene una consecuencia jurídica relevante: implica allanarse incondicionalmente a la pretensión fiscal por la mitad no reducida, renunciar a acciones y derechos y asumir las costas y gastos causídicos que correspondan. Quien mantiene una controversia debería evaluar ese efecto antes de realizar el trámite; la reducción no equivale a una decisión favorable sobre el fondo de la disputa.
Vigencia y límite para importes ya pagados
La resolución rige desde su publicación en el Boletín Oficial, el 12 de noviembre de 2026. No habilita la devolución de importes abonados antes de la entrada en vigencia de la Ley 27.826. Su efecto práctico está concentrado en un universo temporal y subjetivo definido: multas formales elegibles, obligación subsanada en plazo y, cuando exista una controversia abierta, una presentación con los efectos procesales indicados.
