El Ministerio de Justicia aprobó nuevos circuitos administrativos y formularios para tramitar solicitudes vinculadas con los regímenes de reparación patrimonial establecidos por las Leyes 24.043, 24.411, 25.914 y 26.564. La medida fue dictada por la Resolución 309/2026, publicada el 7 de julio, y comenzó a regir al día siguiente de esa publicación.
La resolución no modifica, por sí misma, las condiciones sustantivas de acceso a las reparaciones previstas en esas leyes. Su objeto es ordenar cómo se tramitarán los expedientes y las solicitudes dentro de la administración, bajo la intervención de la Subsecretaría de Derechos Humanos como autoridad de aplicación.
El cambio reemplaza el esquema de circuitos administrativos vigente desde 2011 y aprueba nuevos formularios para las gestiones vinculadas con los regímenes de reparación alcanzados.
Qué aprueba la Resolución 309/2026
El artículo 1 aprueba el Anexo I con los nuevos circuitos aplicables a los expedientes encuadrados en las cuatro leyes mencionadas. El artículo 2 incorpora, además, los formularios para solicitudes y otros trámites relacionados con esos regímenes.
Según los considerandos, el Ministerio entendió necesario actualizar los instrumentos de gestión por los cambios normativos posteriores y por la modernización del procedimiento administrativo. La resolución publicada remite a anexos disponibles en la edición web del Boletín Oficial; el texto principal no detalla cada etapa ni el contenido de los formularios.
Qué cambia frente al régimen anterior
La norma deroga expresamente la Resolución 622/2011 del entonces Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Esa resolución había aprobado circuitos diferenciados para expedientes de reparación y sus anexos.
Hay una diferencia relevante en la enumeración: la resolución de 2011 incluía también la Ley 25.192, mientras que la nueva resolución menciona expresamente las Leyes 24.043, 24.411, 25.914 y 26.564. Sin embargo, el texto publicado no explica el tratamiento actual de los trámites vinculados con la Ley 25.192. Por eso, no corresponde concluir solo a partir de esta resolución que aquel régimen haya quedado excluido o haya cambiado su regulación de fondo.
A quiénes puede interesar
La actualización es relevante para las personas que presenten solicitudes al amparo de los regímenes de reparación comprendidos, sus representantes y quienes intervengan profesionalmente en esos expedientes. También ordena la actuación interna de las áreas del Ministerio que evalúan y gestionan estas prestaciones.
En la práctica, quienes estén por iniciar una gestión o tengan un expediente en curso deberían verificar los formularios y circuitos vigentes en la autoridad de aplicación. Como los anexos concentran el detalle operativo, esa consulta resulta necesaria para identificar requisitos documentales, canales de presentación y eventuales instancias del trámite.
Vigencia y alcance
La Resolución 309/2026 entró en vigencia el 8 de julio de 2026. Su alcance es procedimental: establece un nuevo marco administrativo para la tramitación de los regímenes de reparación que enumera, sin que de su texto surja una modificación de los derechos reconocidos por las leyes de fondo.
La publicación de los anexos en el Boletín Oficial será clave para evaluar, caso por caso, si la actualización introduce cambios concretos en la documentación exigida, la secuencia de intervención de las áreas administrativas o los mecanismos de seguimiento de cada expediente.
