La Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) del Ministerio Público Fiscal dio a conocer su informe anual sobre fallecimientos ocurridos en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal (SPF) durante el año 2025. El documento, elaborado por el Área de Análisis e Investigaciones Interdisciplinarias a cargo del fiscal general Alberto Adrián María Gentili, revela que 48 personas privadas de la libertad murieron en ese período, lo que representa un incremento del 20% frente a las 40 muertes contabilizadas en 2024.
El dato adquiere mayor relevancia cuando se lo cruza con la evolución de la población carcelaria: en 2025 el SPF alojó a 12.166 detenidos, una cifra que no creció en la misma proporción que la tasa de mortalidad, lo que indica que el aumento de fallecimientos no puede atribuirse únicamente a una mayor cantidad de internos.
Causas de muerte: predominan las afecciones de salud
Del total de 48 decesos, 34 casos —el 70,8%— fueron clasificados como no traumáticos, es decir, vinculados a enfermedades y deterioro de la salud. Los cuadros respiratorios e infecciosos encabezaron este segmento con 13 casos, nueve de ellos correspondientes a neumonías. Les siguieron los eventos cardiovasculares con 10 fallecimientos y las patologías oncológicas con 5.
Los 14 decesos restantes (29,2%) fueron catalogados como traumáticos. En ese grupo predominaron las muertes por quemaduras, con 7 casos concentrados principalmente en los complejos de Marcos Paz y Ezeiza, y los ahorcamientos, con 6 casos. Se registró además un único fallecimiento por lesiones.
El 70,8% de las muertes registradas en cárceles federales durante 2025 respondió a causas no traumáticas, vinculadas a enfermedades respiratorias, cardiovasculares y oncológicas, lo que pone en foco las condiciones de atención médica intramuros.
Distribución geográfica: el AMBA concentra dos tercios de los fallecimientos
El Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza fue el establecimiento con mayor cantidad de muertes: 15 casos, equivalentes al 31% del total nacional. Lo siguió el Complejo II de Marcos Paz con 5 fallecimientos. En términos regionales, los establecimientos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) acumularon 32 muertes, es decir, el 67% del total. Este porcentaje supera ampliamente el 54% que representa el peso del AMBA en la población carcelaria federal, lo que sugiere una sobre-representación de fallecimientos en esa zona geográfica que merece análisis específico.
Perfil de las víctimas: edad, género y tiempo de detención
En cuanto al perfil demográfico, 43 de los fallecidos eran hombres, cuatro mujeres y una persona travesti-trans. El promedio de edad fue de 46 años, aunque el 45,8% de los casos —22 personas— tenía menos de 40 años al momento de morir, incluyendo a dos jóvenes de entre 18 y 21 años. Se registraron además dos fallecidos de nacionalidad extranjera.
El análisis del tiempo de detención revela una vulnerabilidad marcada en los extremos del recorrido institucional: 13 personas fallecieron durante el primer año de encierro, mientras que 15 lo hicieron tras más de seis años de privación de libertad. Esta distribución sugiere riesgos diferenciados tanto en la etapa de ingreso al sistema —donde el impacto del encierro y la falta de atención temprana pueden ser determinantes— como en la cronificación del encierro prolongado.
Respecto de la situación procesal, el 71% de los fallecidos contaba con condena firme y el 29% se encontraba en calidad de procesado, una proporción que se corresponde con la del conjunto de la población alojada en el SPF.
Contexto institucional y obligaciones del Estado
La PROCUVIN es el organismo del Ministerio Público Fiscal con competencia para investigar, registrar y analizar los casos de violencia institucional, incluidas las muertes que ocurren bajo custodia estatal. La producción sistemática de este tipo de informes responde a estándares internacionales de derechos humanos que imponen a los Estados la obligación de llevar registros desagregados sobre las condiciones de detención y las causas de fallecimiento en establecimientos penitenciarios.
En ese marco, el incremento del 20% en la tasa de mortalidad carcelaria durante 2025 —que retoma niveles previos a la pandemia pese a que la población no creció en igual medida— plantea interrogantes concretos sobre el acceso a la atención médica oportuna dentro de los penales, la infraestructura de los establecimientos y los protocolos de prevención de muertes traumáticas. La concentración de muertes por quemaduras en dos complejos específicos es un indicador que, en particular, requiere respuesta institucional focalizada.
Un dato que demanda respuesta institucional
La publicación del informe de la PROCUVIN no agota el análisis: los datos relevados constituyen un insumo para la actuación de los fiscales con competencia en materia penitenciaria, para el control judicial de las condiciones de detención y para el diseño de políticas públicas orientadas a reducir la mortalidad en contextos de encierro. El Estado tiene el deber de garantizar la vida e integridad de quienes se encuentran bajo su custodia, obligación que no se suspende por el hecho de que una persona esté privada de su libertad y que encuentra en cifras como las de este informe su principal termómetro de cumplimiento.