La Resolución SRT 35/2026, publicada el 28 de julio, ordena una depuración del conjunto de normas emitidas por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). La medida distingue dos grupos: resoluciones cuya vigencia ya había decaído por efecto de normas posteriores y otras que quedan derogadas expresamente desde la entrada en vigor de la propia resolución.
La decisión no modifica por sí misma el régimen central de riesgos del trabajo establecido por la Ley 24.557. Su objeto es ordenar el inventario de actos administrativos de la SRT y actualizar el Digesto Institucional del organismo.
La resolución declara la pérdida de vigencia de 29 actos por derogación tácita y deroga expresamente otras 93 resoluciones o disposiciones parciales.
Dos clases de baja normativa
El artículo 1 declara la pérdida de vigencia por derogación tácita de 29 resoluciones dictadas entre 1996 y 2017. Según el anexo I, sus efectos habían cesado en fechas que van de 2002 a 2019, por haber sido reemplazadas, contradichas o superadas por normas posteriores. La resolución actual tiene, respecto de ese grupo, carácter declarativo: formaliza una situación que el organismo entiende ya producida.
En cambio, el artículo 2 dispone una derogación expresa de 93 resoluciones —o de artículos puntuales de dos de ellas— identificadas en el anexo II. Allí aparecen actos emitidos entre 1996 y 2024, incluidos varios vinculados a situaciones coyunturales de 2020. Para ese grupo, la baja opera desde la vigencia de la Resolución 35/2026, es decir, desde el día posterior a su publicación en el Boletín Oficial.
Qué alcance práctico tiene
La norma no reemplaza todas esas reglas por un nuevo texto único ni detalla, en su parte dispositiva, cuál es la disposición posterior aplicable a cada una de las 29 resoluciones alcanzadas por derogación tácita. Por eso, para resolver un trámite, una obligación o un conflicto concreto, no alcanza con concluir que una resolución vieja dejó de regir: habrá que identificar la regulación vigente de la materia específica.
La SRT sostuvo en los considerandos que el relevamiento busca reducir dispersión normativa y facilitar el acceso a la información. También aclara que la derogación expresa de las normas del anexo II no afecta derechos adquiridos ni situaciones jurídicas consolidadas durante sus respectivas vigencias.
A quiénes puede interesar
La medida es relevante para aseguradoras de riesgos del trabajo, empleadores, profesionales que intervienen en procedimientos ante la SRT y quienes consultan antecedentes regulatorios del sistema. Su impacto inmediato es principalmente documental y de interpretación: disminuye el riesgo de invocar actos que la propia autoridad considera sin aplicación actual.
El anexo II enumera las resoluciones por número y fecha, pero no describe su contenido individual. En consecuencia, la resolución permite conocer qué actos fueron retirados formalmente del conjunto vigente, aunque no autoriza a atribuir a cada baja un efecto material específico sin revisar la norma histórica y las reglas que la sucedieron.
Actualización del Digesto
La Resolución 35/2026 instruye a la Secretaría General de la SRT a adecuar su Digesto Institucional. Esa actualización será la referencia administrativa más útil para seguir la reorganización del marco regulatorio y verificar, por materia, cuáles son las disposiciones actualmente aplicables.
La publicación es parte del relevamiento normativo previsto por el Decreto 90/2025. La depuración puede mejorar la consulta del régimen, pero no elimina la necesidad de contrastar cada caso con la normativa específica que continúa vigente.
