La Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación (AEFPJN) presentó un pedido formal ante el Consejo de la Magistratura para que se fijen de manera inmediata las fechas de las audiencias testimoniales en la causa que investiga al juez federal Patricio Maraniello. El reclamo gremial apunta a evitar que la demora en la producción de la prueba termine comprometiendo el resultado del proceso disciplinario.
Qué investiga el Consejo de la Magistratura
Maraniello acumula doce expedientes abiertos en la Comisión de Acusación y otras dos denuncias que tramitan en la Comisión de Disciplina por faltas de menor entidad. Las investigaciones principales involucran presuntas irregularidades graves en el ejercicio de sus funciones como magistrado federal, con denunciantes que incluyen trabajadores y funcionarios que se desempeñaron bajo su órbita.
En diciembre de 2025, la Comisión de Acusación adoptó por unanimidad la decisión de convocar a catorce testigos considerados esenciales para esclarecer los hechos denunciados. Se trata, en su mayoría, de empleados judiciales que habrían presenciado o padecido directamente las conductas objeto de investigación. Sin embargo, a pesar de que la feria judicial fue habilitada para la tramitación del expediente, las fechas de esas audiencias aún no fueron fijadas.
El argumento del gremio: el tiempo juega en contra
Según la AEFPJN, el paso del tiempo puede afectar tanto la disponibilidad como la precisión de los testigos, lo que debilita una prueba central para el avance del expediente.
En el escrito elevado al Consejo, la AEFPJN subrayó que la inactividad procesal no es un dato menor: en causas que dependen en buena medida del testimonio de personas, cada mes que transcurre sin producir esa prueba introduce variables que deterioran su calidad. La memoria se diluye, las circunstancias laborales de los testigos cambian y, en algunos casos, la presión institucional puede crecer.
Este tipo de argumento tiene respaldo en la doctrina procesal. La inmediación y la oportunidad en la producción de la prueba testimonial son principios que los sistemas de enjuiciamiento —tanto penal como disciplinario— reconocen como garantías de calidad del proceso. Cuanto más tiempo transcurre entre los hechos investigados y el momento en que el testigo declara, mayor es el riesgo de inexactitudes involuntarias.
El derecho de defensa también exige celeridad
El planteo gremial introduce un elemento que habitualmente no protagoniza este tipo de reclamos: la celeridad también beneficia al propio juez investigado. La AEFPJN señaló expresamente que prolongar la incertidumbre sobre la situación de Maraniello afecta su derecho de defensa, en la medida en que lo mantiene en un estado de indefinición profesional y pública que podría evitarse con una gestión más diligente del expediente.
En el marco del régimen disciplinario de la magistratura argentina, los jueces investigados tienen derecho a que su causa se sustancie en un plazo razonable, tanto por imperativo constitucional como por los estándares del sistema interamericano de derechos humanos. La Comisión de Acusación no escapa a esa exigencia.
Un proceso bajo la lupa institucional
La acumulación de más de una docena de expedientes contra un mismo magistrado es un dato de por sí llamativo en términos institucionales. El Consejo de la Magistratura está obligado a gestionar estos casos con transparencia y sin dilaciones injustificadas, tanto por su función constitucional como por la señal que envía al conjunto del Poder Judicial y a la ciudadanía.
La intervención de la AEFPJN como actor colectivo en este proceso también tiene un peso específico. Al ser una asociación que agrupa a trabajadores del propio Poder Judicial, su involucramiento refleja que las conductas investigadas no son percibidas como una cuestión ajena al personal que cotidianamente interactúa con los magistrados. Los empleados judiciales son, en muchos casos, los primeros en registrar eventuales irregularidades en el funcionamiento de un juzgado.
Qué se espera del Consejo
El pedido de la AEFPJN no solicita una decisión de fondo, sino algo más básico: que se establezca un cronograma concreto de audiencias para los catorce testigos ya convocados. Es una medida de gestión procesal, no un pronunciamiento sobre la responsabilidad de Maraniello.
La pelota queda en la cancha de la Comisión de Acusación, que deberá responder si avanza con celeridad o si deja que el expediente continúe navegando sin un calendario definido. En un sistema donde la credibilidad de los órganos de control judicial está permanentemente en cuestión, la respuesta que se dé —y la velocidad con que se dé— tendrá consecuencias que van más allá de este caso particular.
