La baja en la cantidad de femicidios registrados durante 2025 es un dato relevante, pero no permite una lectura tranquilizadora. Según el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con información aportada por las jurisdicciones del país, las víctimas directas disminuyeron un 12,3% respecto de 2024.
El mismo relevamiento correspondiente a 2025 contabilizó 204 causas judiciales en las que se investigan posibles femicidios, con 200 víctimas directas —196 mujeres cis y 4 mujeres trans/travestis— y 19 víctimas vinculadas. En total, el informe registró 219 personas afectadas y una víctima directa cada 44 horas en promedio.
La fuente estadística central es el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina 2025, de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema.
Qué dice el dato oficial
El informe ubica la tasa nacional en 0,85 víctimas directas cada 100.000 mujeres. También señala que Corrientes, La Pampa y San Juan no registraron casos durante el período relevado. Esos datos muestran una reducción cuantitativa frente al año anterior, pero no eliminan el carácter estructural del fenómeno.
Para el sistema judicial, la estadística no funciona solo como medición anual. También es una herramienta de gestión institucional: permite observar patrones, revisar la actuación de juzgados, fiscalías, defensorías, fuerzas de seguridad y organismos administrativos, y detectar en qué momentos la prevención no llegó a tiempo.
El vínculo previo como señal de riesgo
Uno de los datos más relevantes del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina 2025 es que el 83% de los casos involucró un vínculo previo entre la víctima y el agresor. Dentro de ese universo, el 59% correspondió a parejas, exparejas u otras relaciones sexo-afectivas, y el 11% a vínculos familiares.
El informe también indicó que en al menos el 44% de esos vínculos existían antecedentes de violencia de género, con 36 denuncias formales y 65 elementos incorporados a las causas. Ese punto es especialmente sensible para el derecho: cuando el antecedente ya está dentro del expediente o del circuito institucional, la discusión deja de ser solo penal y pasa a incluir prevención, evaluación de riesgo y coordinación estatal.
El domicilio como escenario principal
El relevamiento de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema informó que el 78% de las agresiones ocurrió en viviendas. De ese total, el 35,5% tuvo lugar en el domicilio compartido y el 29% en la vivienda de la víctima. La localización del hecho importa porque muchas medidas de protección se diseñan alrededor del domicilio, la convivencia, la exclusión del hogar y las restricciones de acercamiento.
También se registró una edad promedio de 40,8 años entre las víctimas directas, con mayor incidencia en el grupo de 25 a 34 años, y al menos 144 hijos e hijas que quedaron huérfanos. El dato amplía el análisis jurídico: cada caso puede proyectar consecuencias en alimentos, cuidado personal, responsabilidad parental, protección integral de niños, niñas y adolescentes y reparación.
Menos casos no significa menos deber estatal
La reducción del 12,3% debe leerse junto con la persistencia de factores de riesgo. Si una parte significativa de los casos tenía vínculos previos, antecedentes de violencia o elementos ya incorporados a causas judiciales, el desafío no es solo investigar después del hecho, sino mejorar la detección temprana y la respuesta coordinada.
En términos jurídicos, el dato estadístico verificado ayuda a evitar dos errores: minimizar la violencia letal por una baja interanual o describirla sin precisión empírica. El Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina 2025 permite sostener una conclusión más sobria: hubo menos víctimas directas que en 2024, pero el volumen de causas, la frecuencia promedio y la presencia de antecedentes muestran que la agenda judicial sigue abierta.
