Una operación de compraventa de un automóvil iniciada a través de Mercado Libre, un precio acordado de USD 18.000 que la vendedora pretendió modificar unilateralmente y un comprador que nunca recibió el vehículo ni recuperó su dinero: estos fueron los elementos que el Juzgado Federal N.° 2 de Mendoza tuvo que analizar para resolver el caso Abarca, Mauro Alan c/ Roco, Melina y otros s/ Ley de Defensa del Consumidor. La sentencia, dictada por el juez Pablo Oscar Quirós, declaró la resolución del contrato y condenó a los demandados a restituir las sumas abonadas.
Los hechos: un Volkswagen Scirocco que nunca se transfirió
En 2021, Mauro Alan Abarca encontró publicado en Mercado Libre un Volkswagen Scirocco 1.4 TSI DSG modelo 2014, dominio NML693, ofrecido por la concesionaria Omar Borsotto Autos, con sede en General Roca, Río Negro. El precio acordado fue de USD 18.000. Abarca entregó USD 7.000 en el local comercial y transfirió USD 1.000 adicionales a la cuenta de Melina Roco, titular registral del vehículo. También abonó $ 47.809,40 en concepto de patentes adeudadas.
Sin embargo, cuando el comprador comunicó que estaba en condiciones de abonar el saldo restante, la vendedora le informó que el auto ya no valía lo pactado y exigió USD 5.000 adicionales. Aunque luego redujo esa pretensión, el negocio nunca se concretó: el vehículo no fue entregado, no se realizó la transferencia registral y quedó en poder de su dueña original.
El nudo jurídico: ¿seña caída o principio de ejecución?
Uno de los puntos más relevantes del fallo fue la calificación jurídica de los USD 8.000 entregados. La posición de la parte vendedora apuntaba a tratar esas sumas como una seña que podía retener ante la frustración del negocio. El juez rechazó esa lectura con fundamento en el artículo 1059 del Código Civil y Comercial de la Nación, que establece que la seña se presume confirmatoria del contrato salvo pacto expreso en contrario.
Pero el razonamiento no se agotó allí. El tribunal destacó que los USD 8.000 representaban casi la mitad del precio total acordado, lo que impedía tratarlos como un simple anticipo sujeto a caducidad. Para el juzgado, esa suma constituía un verdadero principio de ejecución contractual, lo cual reforzaba el carácter vinculante del acuerdo y privaba a la vendedora de toda facultad de retención.
El pago de casi la mitad del precio total del contrato no puede tratarse como una seña caída: configura un principio de ejecución que obliga a restituir lo recibido ante la resolución del negocio.
La responsabilidad del consignatario profesional
El fallo también analizó en profundidad el rol de la agencia Omar Borsotto Autos. El tribunal encuadró su intervención dentro del contrato de consignación y sostuvo que Borsotto excedió con creces la función de un mero intermediario: negoció el precio, recibió los USD 7.000 en su local y emitió el recibo correspondiente a nombre de su agencia.
Desde esa perspectiva, el juzgado aplicó el principio propio del mandato sin representación: quien actúa en nombre propio frente al tercero contratante queda directamente obligado ante él, sin poder oponer los acuerdos internos que pudiera haber celebrado con la titular registral del vehículo.
La conducta posterior del concesionario también mereció una valoración crítica. Según surge del expediente, luego de frustrarse la operación, Borsotto se desentendió de la restitución del dinero y remitió al comprador a resolver el conflicto «entre privados». Para el tribunal, esa actitud resultó violatoria del deber legal de trato digno que impone la Ley de Defensa del Consumidor. Además, el fallo consideró que el agenciero debió haber adoptado recaudos para impedir que la titular recuperara la posesión del vehículo sin antes garantizar la devolución de lo abonado, omisión que fue calificada como infracción a sus deberes de custodia, diligencia y gestión profesional.
Relación de consumo y enriquecimiento sin causa
El encuadre bajo la Ley de Defensa del Consumidor fue otro eje central de la decisión. El juez entendió que Abarca revestía la condición de destinatario final del automóvil y que Borsotto actuaba como proveedor profesional dedicado a la comercialización de automotores, por lo que el vínculo constituía una relación de consumo con todas las consecuencias que ello implica en materia de responsabilidad y trato al cliente.
Respecto de las patentes abonadas, el tribunal hizo lugar al reclamo contra Roco por enriquecimiento sin causa. Abarca había cancelado una deuda tributaria vinculada al vehículo, pero nunca recibió el auto ni obtuvo la transferencia dominial. Ese pago generó un beneficio patrimonial directo para la titular registral, quien quedó liberada de una obligación propia sin contraprestación alguna.
La condena: restitución en dólares, intereses y costas solidarias
El juzgado declaró la resolución del contrato de compraventa por incumplimiento de la obligación de transferencia y entrega, imputable tanto a la dueña registral como al consignatario. En consecuencia, condenó solidariamente a la agencia y a Roco a restituir USD 7.000 con un interés del 6% anual desde la notificación de la demanda hasta el efectivo pago. De manera exclusiva, condenó a la titular registral a devolver los USD 1.000 transferidos y los $ 47.809,40 abonados en concepto de patentes, estos últimos con intereses calculados según la tasa pasiva promedio del Banco Central desde el 11 de noviembre de 2021.
Las costas del proceso fueron impuestas en forma solidaria a los codemandados vencidos. El fallo consolida así una lectura que ya tiene anclaje en la doctrina nacional: cuando el monto entregado es significativo en relación con el precio total y no existe pacto expreso que atribuya carácter penitencial a la seña, los tribunales tienden a interpretar que el contrato ya comenzó a ejecutarse y que la parte incumplidora no puede retener lo recibido.
