El Poder Judicial de Río Negro cerró el año 2025 con un dato que marca un antes y un después en la incorporación de tecnología a la actividad jurisdiccional: 3.063 sentencias del Fuero Contencioso Administrativo fueron dictadas con asistencia de herramientas de inteligencia artificial, lo que representa el 67,78% del total de resoluciones con efecto de finalización emitidas en ese ámbito durante el período. Los datos surgen de un informe elaborado por el Centro de Planificación Estratégica del Superior Tribunal de Justicia de la provincia.
Un fuero joven con alto volumen de causas
El Fuero Contencioso Administrativo rionegrino es relativamente reciente. Si bien la reforma constitucional provincial de 1988 ya contemplaba la creación de un espacio específico para resolver litigios contra el Estado, la puesta en marcha efectiva recién ocurrió en 2020, con la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En 2021 se designó al primer juez y secretario con asiento en Viedma, y la expansión territorial continuó hacia General Roca, Cipolletti y Bariloche.
En 2025, el fuero recibió un total de 4.205 expedientes. De ese universo, 3.887 derivaron en sentencias de finalización, lo que arroja un índice de resolución del 92,44%, una cifra extraordinariamente elevada para cualquier fuero judicial. Las ejecuciones fiscales explican en gran medida ese rendimiento: concentraron 3.693 causas, equivalentes al 87,6% de los ingresos totales.
Dónde y cómo se aplica la inteligencia artificial
Es precisamente en los procesos de ejecución fiscal donde la inteligencia artificial demostró mayor utilidad práctica. Se trata de trámites masivos, con estructuras formales repetitivas y requisitos procesales similares entre sí, condiciones ideales para que un sistema automatizado genere borradores de sentencias y resoluciones monitorias sin comprometer la calidad de la decisión judicial. El informe consigna que se registraron 3.661 sentencias monitorias en el período, en su mayoría vinculadas a este tipo de procesos.
El uso de inteligencia artificial no implica la sustitución del criterio judicial: las herramientas generan textos estandarizados que siempre son revisados y firmados por el magistrado a cargo.
Del total de resoluciones emitidas, 1.456 se dictaron sin intervención de herramientas tecnológicas, lo que permite inferir que la asistencia digital se concentró principalmente en los trámites de mayor homogeneidad estructural. La distribución geográfica muestra que la Segunda Circunscripción Judicial, con cabecera en General Roca, lideró el volumen de ingresos con 1.459 causas, seguida por la Tercera Circunscripción con 1.223 expedientes.
El rol del juez no se delega
Uno de los aspectos más relevantes del modelo implementado en Río Negro es el límite explícito que se traza entre automatización y decisión jurisdiccional. Según los datos oficiales, la inteligencia artificial opera como soporte en la generación de textos estandarizados, pero la revisión y la firma de cada resolución permanecen exclusivamente en manos del juez. No existe, en este esquema, ninguna sentencia que se emita de forma completamente autónoma sin intervención humana.
Este punto es jurídicamente relevante. La legitimidad de una sentencia en el ordenamiento argentino requiere que sea el acto volitivo de un magistrado investido de jurisdicción: la herramienta tecnológica puede agilizar la redacción del borrador, pero la decisión —con sus fundamentos y su firma— sigue siendo un acto humano imputable al órgano judicial. El modelo rionegrino parece haber encontrado un equilibrio entre eficiencia y garantía del debido proceso.
Tecnología judicial y estándares internacionales
La experiencia de Río Negro no es aislada en el contexto comparado. Diversos sistemas judiciales de América Latina y Europa vienen explorando el uso de inteligencia artificial para la gestión de causas repetitivas. La Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia (CEPEJ) del Consejo de Europa adoptó en 2018 una Carta Ética sobre el uso de inteligencia artificial en sistemas judiciales, que establece principios de transparencia, no discriminación, control humano y responsabilidad como condiciones mínimas para la implementación de estas herramientas. Ese marco de referencia resulta útil para evaluar las experiencias locales.
En Argentina, la discusión sobre regulación del uso de inteligencia artificial en el ámbito judicial todavía no se ha plasmado en normativa específica de alcance nacional. Lo que hace la experiencia rionegrense es aportar evidencia empírica concreta sobre cómo puede implementarse este tipo de tecnología de manera controlada y con resultados mensurables, algo que el debate legislativo y académico necesita.
Un indicador de eficiencia a seguir de cerca
Un índice de resolución cercano al 92% en un fuero que maneja miles de causas contra el Estado provincial y municipal es un resultado difícil de ignorar. La incorporación de herramientas de automatización en la redacción de resoluciones monitorias y sentencias estandarizadas parece haber incidido de manera directa en la capacidad de respuesta del sistema judicial rionegrino.
El desafío hacia adelante será monitorear si esa eficiencia se mantiene con la calidad de las decisiones —especialmente en los casos que requieren mayor ponderación de prueba y argumentación jurídica— y si el modelo puede replicarse en fueros con estructuras más heterogéneas. Por ahora, los números de 2025 posicionan a Río Negro como una referencia concreta en la modernización tecnológica del Poder Judicial argentino.
