Una resolución dictada en Misiones volvió a poner en primer plano un aspecto cada vez más visible en los procesos de violencia familiar: el lugar que ocupan los animales domésticos dentro del grupo familiar y el modo en que su maltrato puede funcionar como una forma indirecta de control.
El Juzgado de Familia y Violencia Familiar N.º 1 de Leandro N. Alem, a cargo de la jueza Carolina Malla, amplió el 24 de junio de 2026 las medidas de protección vigentes en una causa tramitada bajo la Ley XIV N.º 6. La decisión ordenó al denunciado abstenerse de maltratar, dañar, hostigar, retirar o trasladar a las mascotas convivientes mientras continúen vigentes las restricciones judiciales.
La medida incorporó a los animales domésticos como parte del entorno protegido cuando su afectación puede impactar en la integridad psíquica y emocional de la víctima y de sus hijos.
Una ampliación de denuncia y nuevas medidas
La causa se inició por hechos de violencia familiar y ya tenía medidas de protección ordenadas. Luego, la denunciante presentó una ampliación en la que informó nuevos hechos que, de manera inicial, podían indicar un presunto incumplimiento de las restricciones vigentes.
Ante esa presentación, el juzgado recordó el carácter preventivo y tuitivo de la ley provincial aplicable. Esa finalidad permite adoptar medidas urgentes destinadas a evitar la reiteración, agravamiento o persistencia de situaciones de violencia dentro del ámbito familiar.
La resolución dispuso el cese inmediato de todo acto de perturbación, hostigamiento, intimidación o contacto indebido que pudiera afectar a los hijos involucrados. También dio intervención al organismo administrativo de niñez local para evaluar el riesgo, realizar un informe sociofamiliar y, si correspondía, brindar asistencia psicológica.
Las mascotas como parte del núcleo familiar
El punto más novedoso de la decisión estuvo vinculado con cuatro animales domésticos convivientes, identificados en la resolución como Otto, Apolo, Gala y Foxi. Según la denuncia, habrían existido actos de violencia hacia ellos como medio de control o violencia vicaria.
La jueza consideró que esa situación podía afectar la integridad física, psíquica y emocional de la víctima y de sus hijos porque los animales integraban el núcleo familiar. Desde esa mirada, el daño o la amenaza sobre las mascotas no aparece como un episodio aislado, sino como una posible herramienta para sostener el hostigamiento o profundizar el temor.
Por eso, el juzgado ordenó al denunciado abstenerse de realizar cualquier acto de maltrato, daño, hostigamiento, perturbación o conducta que afecte el bienestar de esos animales. Además, prohibió retirarlos, trasladarlos o disponer de ellos mientras sigan vigentes las medidas judiciales.
Violencia vicaria y tutela judicial urgente
La decisión muestra cómo los tribunales pueden adaptar las herramientas de protección familiar a los hechos concretos del caso. La violencia vicaria suele describir conductas dirigidas contra personas o vínculos significativos para causar daño, presión o control sobre la víctima principal. En ese marco, los animales domésticos pueden convertirse en un punto de vulnerabilidad especialmente sensible.
La respuesta judicial no se limitó a ordenar una prohibición genérica de contacto. Incorporó una restricción específica sobre las mascotas y articuló la intervención de organismos de niñez y de fuerzas policiales con competencia en familia y género. Esa combinación refuerza el enfoque de protección integral y prevención del riesgo.
Qué aporta el criterio
El caso es relevante porque confirma que las medidas de protección no tienen que quedar atadas a fórmulas rígidas. Cuando el conflicto familiar incluye amenazas o daños sobre animales convivientes, el tribunal puede dictar órdenes concretas para impedir su maltrato, su traslado o su utilización como mecanismo de presión.
También deja una señal práctica para futuras denuncias: si la violencia afecta a mascotas que forman parte de la vida cotidiana del grupo familiar, ese dato puede ser jurídicamente relevante. No por desplazar el centro de la tutela, sino porque puede revelar una modalidad de agresión que impacta directamente en la seguridad emocional de la víctima y de los niños, niñas o adolescentes involucrados.
En definitiva, la resolución amplía el modo de pensar la urgencia en violencia familiar. La protección judicial puede alcanzar a todos aquellos puntos del entorno familiar cuya afectación sea utilizada para dañar, controlar o intimidar. En este caso, eso incluyó expresamente a los animales domésticos convivientes.
