La Sala III de la Cámara Penal porteña revocó el sobreseimiento de un adolescente de 14 años investigado por una tentativa de robo y dejó sin efecto la declaración de inconstitucionalidad del artículo 1 de la Ley 27.801. La decisión vuelve a poner en primer plano los límites del control judicial frente a una reforma legislativa y las garantías específicas que deben regir en el proceso penal juvenil.
El caso, identificado como “M.I.A. sobre 164 – Robo”, se originó a partir de un hecho ocurrido el 10 de septiembre en Palermo. Según la investigación, cuatro adolescentes habrían intentado sustraerle el teléfono celular a un hombre de 47 años. Dos tenían 16 años, uno 14 y otro 13. La nueva ley había entrado en vigencia apenas cinco días antes.
Para la Cámara, la vulnerabilidad del adolescente y la escasa entidad del hecho pueden incidir en la respuesta concreta, pero no bastan por sí solas para invalidar el umbral legal de 14 años.
El planteo constitucional y la decisión de primera instancia
La defensa oficial cuestionó la constitucionalidad del artículo 1 de la Ley 27.801 y, de manera subsidiaria, planteó la incompetencia de la Justicia porteña. La jueza Laura Beatriz De Marinis rechazó la cuestión de competencia, pero admitió el planteo constitucional y sobreseyó al adolescente.
La magistrada consideró que someterlo al sistema penal implicaba una respuesta regresiva respecto del régimen anterior. Para llegar a esa conclusión valoró su situación de vulnerabilidad socioeconómica, la limitada entidad del hecho investigado y las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño.
El Ministerio Público Fiscal apeló. Su crítica central fue que la resolución no había identificado una incompatibilidad concreta entre la edad fijada por el Congreso y una norma de jerarquía constitucional o convencional.
Los límites del control de constitucionalidad
Al revisar la decisión, la Cámara sostuvo que el control judicial no permite reemplazar una opción legislativa por otra solamente porque parezca más conveniente o menos punitiva. Según el tribunal, declarar inválida una ley exige demostrar una contradicción insalvable con la Constitución Nacional o con los tratados internacionales, carga que no habría sido satisfecha en este caso.
Los camaristas también analizaron los estándares internacionales invocados. Señalaron que la Observación General N.º 24 del Comité de los Derechos del Niño reconoce los 14 años como un estándar mínimo general aceptable. Asimismo, indicaron que ni la Constitución ni la Convención sobre los Derechos del Niño contienen una regla expresa que mantenga necesariamente la edad de punibilidad en los 16 años.
El fallo cuestionó, además, la relación entre las razones ofrecidas y el alcance de la declaración de inconstitucionalidad. A criterio de la Cámara, la resolución de primera instancia combinó argumentos generales contra la reforma con circunstancias particulares del adolescente, sin explicar de manera suficiente cómo esos elementos justificaban desplazar la regla legal.
Ingreso al sistema penal no equivale a prisión
Uno de los puntos relevantes de la sentencia es la distinción entre la incorporación de un adolescente al régimen penal juvenil y la imposición automática de una pena privativa de libertad. La Cámara remarcó que el sistema contempla respuestas de menor injerencia, sujetas al principio de proporcionalidad y a las características del caso.
Entre esas alternativas mencionó las medidas socioeducativas, la mediación y la suspensión del proceso a prueba. Desde esa perspectiva, la vulnerabilidad socioeconómica, la edad, la gravedad del hecho y su grado de ejecución no desaparecen del análisis: deben ser ponderados al definir la responsabilidad y una eventual respuesta estatal, sin que necesariamente conduzcan a invalidar la ley en abstracto.
Este razonamiento plantea una exigencia doble. Por un lado, los jueces deben respetar el margen de decisión del Congreso cuando una norma no contradice de modo probado una disposición superior. Por otro, la aplicación del régimen juvenil debe conservar un enfoque diferenciado, proporcional y orientado a la reintegración, de acuerdo con las garantías reforzadas que protegen a niñas, niños y adolescentes.
Revocación, apartamiento y continuidad de la causa
La Sala III hizo lugar al recurso fiscal, revocó el sobreseimiento y ordenó que el expediente continúe. También apartó a la jueza De Marinis por considerar que había adelantado opinión sobre la materialidad del hecho al valorar prematuramente la prueba.
En su voto concurrente, el juez Jorge Atilio Franza entendió que esa actuación afectó la estructura acusatoria del proceso y las atribuciones constitucionales del Ministerio Público Fiscal. En consecuencia, deberá sortearse otro magistrado para proseguir la investigación.
La decisión no determina la responsabilidad penal del adolescente ni anticipa una sanción. Su efecto inmediato es procesal: restablece la vigencia de la investigación y fija un criterio restrictivo para declarar inconstitucional la reducción de la edad de punibilidad. El debate de fondo seguirá atravesado por la necesidad de armonizar la política legislativa con la protección integral y las garantías propias del derecho penal juvenil.
