La digitalización de las comunicaciones judiciales volvió a ocupar el centro de la escena en una causa de alimentos tramitada ante el Juzgado de Paz de Daireaux. En ese expediente, el juez Javier Pablo Heredia autorizó que la demanda se notificara por WhatsApp y consideró relevante que el número denunciado estuviera asociado a una cuenta de Mercado Pago verificada mediante mecanismos de identificación biométrica.
La decisión importa no solo por el medio elegido, sino por el modo en que el tribunal razonó la relación entre domicilio, acceso a justicia, urgencia alimentaria e identidad digital. En procesos donde la demora puede afectar necesidades básicas, la notificación deja de ser un trámite neutro: puede convertirse en la diferencia entre un reclamo que avanza y otro que queda atrapado en obstáculos materiales.
El criterio central fue admitir la mensajería instantánea en un proceso alimentario cuando existen elementos suficientes para vincular el número informado con la persona destinataria.
El problema práctico: llegar al demandado
La actora había pedido que la demanda fuera notificada por WhatsApp desde el inicio. Según surge de la resolución, el demandado residía en Henderson y no se contaba con un domicilio preciso. Además, desarrollaba actividades en una zona rural con caminos vecinales de difícil tránsito, sin transporte público y con referencias domiciliarias insuficientes.
Ese contexto es importante. La notificación en papel sigue siendo una garantía central del proceso, pero en determinadas circunstancias puede volverse ineficaz si exige localizar físicamente a una persona en lugares donde la distancia, el clima, el estado de los caminos o la falta de datos concretos hacen que el acto se demore sin aportar mayor seguridad.
En una causa alimentaria, la demora tiene una consecuencia especialmente sensible: posterga la discusión judicial sobre prestaciones destinadas a cubrir necesidades cotidianas. Por eso, el tribunal miró el caso desde una perspectiva funcional, buscando un mecanismo que asegurara conocimiento efectivo sin vaciar las garantías de defensa.
Qué permite el Código Procesal bonaerense
El juez apoyó su decisión en las reformas incorporadas al Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires por la Ley 15.513. En particular, recordó que el artículo 636 bis habilita el uso de aplicaciones o plataformas de mensajería instantánea para cursar notificaciones en procesos alimentarios.
Ese punto marca un cambio relevante: no se trata de reemplazar informalmente al proceso por un mensaje de celular, sino de usar una herramienta prevista por la normativa procesal para ciertos supuestos. La clave está en que el acto conserve trazabilidad, intervención judicial y control suficiente para que la parte notificada pueda conocer la demanda y ejercer su defensa.
También aparece el artículo 635 bis, referido a la utilización del sistema de telefonía celular. La norma permite que la parte actora denuncie el teléfono móvil del destinatario y acredite la titularidad de la línea mediante informes a entidades públicas o privadas. El propio régimen, además, admite que un resultado negativo en esa acreditación no impida necesariamente recurrir al medio de notificación.
Ese diseño evita una lectura rígida. La titularidad formal de una línea no siempre coincide con el uso real del teléfono, y en la práctica judicial puede ser más importante demostrar quién utiliza efectivamente ese canal de comunicación.
La billetera virtual como indicio de uso del teléfono
El aspecto más novedoso del caso fue la valoración de la cuenta de Mercado Pago asociada al número denunciado. El magistrado tuvo en cuenta que las billeteras virtuales deben aplicar procedimientos de identificación de usuarios exigidos por la regulación del Banco Central y de la Unidad de Información Financiera, incluyendo validaciones documentales y biométricas.
Desde esa mirada, la existencia de una cuenta verificada vinculada al número no fue tomada como una prueba absoluta, sino como un indicio relevante para reforzar la conexión entre la línea telefónica y el demandado. El razonamiento judicial no descansa en la marca de la plataforma, sino en el ecosistema regulado de identificación que rodea a determinadas cuentas digitales.
Este punto abre una discusión más amplia. En la vida cotidiana, el teléfono celular ya no funciona solo como canal de conversación: concentra billeteras, claves, bancos, turnos, aplicaciones estatales y registros privados. Por eso, la identidad digital empieza a proyectar efectos procesales cuando permite verificar, con un grado razonable de certeza, que una persona usa determinado canal.
Garantías: no alcanza con mandar un mensaje
La autorización judicial no convierte la notificación por WhatsApp en un acto automático. La resolución prevé la intervención de la Oficial de Justicia, quien debe comunicarse telefónicamente con el demandado, verificar su identidad, explicar el alcance de la notificación y remitir la documentación correspondiente por la aplicación.
Además, debe labrarse el acta pertinente y dejar constancia de la recepción de los mensajes. Esas exigencias son decisivas porque permiten reconstruir qué se hizo, cuándo se hizo, qué documentos fueron enviados y qué respuesta o recepción existió. Sin ese soporte, la informalidad del medio podría comprometer la validez del acto.
El equilibrio está en no confundir modernización con liviandad. La mensajería instantánea puede acelerar el trámite, pero solo resulta compatible con el debido proceso si se integra a un procedimiento controlado. La herramienta tecnológica no sustituye la garantía judicial; la vuelve practicable en un contexto donde el formato tradicional puede fracasar.
Una señal para los procesos urgentes
El caso muestra una tendencia cada vez más visible: los tribunales empiezan a utilizar datos digitales cotidianos para resolver problemas procesales concretos. No se trata de celebrar cualquier atajo tecnológico, sino de reconocer que el proceso civil y de familia necesita medios eficaces para llegar a las personas sin sacrificar defensa, documentación ni control.
En materia de alimentos, esa tensión se vuelve especialmente clara. La normativa bonaerense ya habilita canales digitales para evitar que las dificultades de ubicación o las barreras territoriales paralicen el reclamo. La decisión del Juzgado de Paz de Daireaux suma un criterio práctico: una cuenta digital verificada puede servir como elemento de apoyo para acreditar el uso de una línea, siempre dentro de un acto dirigido y documentado por el órgano judicial.
El desafío hacia adelante será construir estándares consistentes. Habrá que precisar qué datos son suficientes, cómo se resguarda la privacidad, qué constancias deben incorporarse al expediente y cómo se evita que la urgencia derive en notificaciones defectuosas. Pero el mensaje de fondo es claro: cuando la ley habilita herramientas digitales, el proceso puede acercarse mejor a la realidad social que debe regular.