Las instrucciones que recibe un jurado popular no son un trámite final ni una traducción mecánica del Código Penal. Delimitan qué hechos debe decidir, qué alternativas jurídicas puede considerar y bajo qué reglas debe hacerlo. Si esas pautas alteran el objeto de la acusación o confunden los elementos de un delito, el problema puede afectar la validez de todo el juicio.
Con ese criterio, la Sala V del Tribunal de Casación Penal bonaerense anuló el veredicto de culpabilidad y la condena a 18 años de prisión dictada contra un hombre por un incendio ocurrido en Guernica. La decisión fue dictada en “M., E. G. s/ recurso de casación”, por los jueces Manuel Alberto Bouchoux y Daniel Alfredo Carral, y ordenó realizar un nuevo debate.
Para Casación, el jurado recibió formularios e instrucciones capaces de generar incertidumbre sobre cuál era el hecho concreto que debía resolver.
Un incendio, varios resultados y una sola acusación
El caso se originó en un incendio ocurrido durante la madrugada del 16 de agosto de 2019 en una vivienda. Según la acusación, el imputado habría provocado intencionalmente el fuego con la finalidad de matar a las personas que se encontraban dentro. Como consecuencia del hecho murieron una mujer y Brian Natanael Aranda; además, tres niños resultaron lesionados y fueron rescatados con vida.
El Tribunal en lo Criminal Nº 4 de La Plata había sometido el caso a un jurado popular. Tras el veredicto, impuso una condena por abandono de personas agravado seguido de muerte, abandono de persona agravado por grave daño en la salud y homicidio culposo, mediante una combinación de concurso ideal y real.
La objeción central no fue que hubiera varias víctimas o resultados distintos. Para la Casación, la plataforma acusatoria describía una única acción atribuida al acusado: provocar el incendio. Sin embargo, las instrucciones y los formularios entregados al jurado presentaron el episodio como tres hechos independientes, clasificados según las consecuencias padecidas por cada víctima.
Por qué la fragmentación importó
En un juicio por jurados, los formularios no son meras hojas de votación. Organizan la deliberación y pueden orientar el recorrido lógico de quienes deben decidir. La Sala V entendió que separar artificialmente un único acontecimiento histórico podía llevar a analizar como sucesos autónomos lo que la Fiscalía había planteado como un mismo curso de acción.
Ese diseño, sostuvo el tribunal, era objetivamente apto para crear confusión sobre el verdadero objeto de la decisión. La pluralidad de consecuencias de un hecho no equivale automáticamente a una pluralidad de acciones. Esa distinción puede incidir en la forma de examinar la prueba, en el vínculo entre conducta y resultado y en las opciones de condena o absolución que se presentan al jurado.
La hipótesis de abandono de persona
También resultó decisiva la incorporación, durante la discusión de las instrucciones finales, de la figura de abandono de persona como alternativa de menor gravedad. La defensa se opuso: hasta ese momento había centrado su estrategia en discutir si el imputado había causado el incendio y si había actuado con intención homicida.
La figura propuesta desplazaba el análisis hacia otra cuestión: si existía un deber de asistencia, si el acusado omitió auxiliar a las víctimas y qué conducta debía desplegar para evitar o reducir el peligro. La Casación concluyó que no se trataba de un simple cambio de calificación jurídica sobre los mismos presupuestos fácticos, sino de una hipótesis novedosa que comprometía el principio de congruencia y el derecho de defensa en juicio.
El criterio es relevante porque una acusación puede admitir ajustes jurídicos, pero no puede transformarse al final del debate en un caso materialmente distinto. La defensa debe conocer con anticipación los hechos que se le atribuyen para decidir qué prueba producir, qué testigos interrogar y qué explicación ofrecer frente al jurado.
Instrucciones claras y elementos del delito
El fallo señaló además deficiencias en la explicación del abandono de persona. Las instrucciones no desarrollaron adecuadamente la posición de garante exigida por el artículo 106 del Código Penal ni el alcance del peligro para la vida o la salud requerido por esa figura.
Hubo, a la vez, una contradicción sobre el aspecto subjetivo. El juez indicó que, si existía duda razonable sobre la intención de matar, los jurados debían considerar el abandono de persona; inmediatamente aclaró que ese delito también era intencional. Para el tribunal revisor, esa formulación no permitía distinguir con claridad qué intención debía acreditarse en cada alternativa.
- Las instrucciones deben corresponderse con la acusación debatida.
- Las alternativas de veredicto deben describir los elementos de cada delito de modo comprensible.
- Las hipótesis subsidiarias no pueden sorprender a la defensa al cierre del juicio.
Nuevo juicio y alcance de la decisión
La nulidad del veredicto y de la sentencia no implica una absolución ni una definición definitiva sobre la responsabilidad penal. El expediente vuelve a la instancia de origen para celebrar un nuevo juicio, con instrucciones y un objeto procesal compatibles con las garantías que marcó la Casación.
La resolución también recordó que el nuevo proceso debe respetar la prohibición de empeorar la situación del imputado por el solo hecho de haber recurrido. Es una consecuencia importante: el control de una condena defectuosa no puede convertirse en un riesgo adicional para quien ejerció su derecho de impugnación.
El caso deja una enseñanza concreta para la práctica judicial. En el sistema de jurados, la precisión técnica no queda confinada a los escritos de las partes: llega directamente a ciudadanos que deben decidir. Por eso, instrucciones claras, coherentes y fieles a la acusación son una garantía estructural del debido proceso, no un detalle de forma.
