La Ley 27.805, publicada en el Boletín Oficial el 18 de junio de 2026, crea un régimen transitorio para que personas humanas declaren ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) armas de fuego de uso civil o de uso civil condicional, y sus repuestos principales, que no tengan registración previa o cuya registración se haya vuelto irregular.
El eje de la norma es una ventana de 360 días desde su entrada en vigencia para iniciar la regularización, siempre sujeta a controles técnicos y registrales de la ANMAC.
Qué dispone la ley
La norma alcanza a personas humanas que tengan armas comprendidas en esas categorías y deban normalizar su situación registral. La presentación deberá hacerse ante la ANMAC, que evaluará si corresponde otorgar la autorización pertinente y, si el trámite prospera, inscribirá los datos del material y de su poseedor en el Banco Nacional Informatizado de Datos del organismo.
Cuando la persona no sea legítima usuaria en la categoría correspondiente, la ley prevé que el trámite se inicie con la solicitud respectiva junto con la autorización de tenencia del material. Si aparecen impedimentos registrales o técnicos graves, deberán promoverse los procedimientos administrativos o judiciales necesarios respecto del material involucrado.
Exención penal y límites del beneficio
Uno de los puntos centrales es que quienes se presenten voluntariamente quedan exentos de sanción penal por la tenencia ilegal prevista en el artículo 189 bis del Código Penal, respecto de armas de uso civil o de uso civil condicional. La misma regla se aplica a las faltas administrativas vinculadas con la tenencia.
Ese efecto no opera de manera automática ni ilimitada: la exención comienza con la puesta en conocimiento voluntaria de la posesión y queda dentro de los límites fijados por la ley. Además, no cubre los casos en los que, al momento de la regularización efectiva, ya exista una imputación judicial por esa eventual tenencia ilegal.
Información previa y entrega voluntaria
Antes de iniciar la solicitud, la ANMAC deberá informar los peligros asociados a la tenencia de armas de fuego y las modalidades vigentes para su entrega voluntaria y anónima en el marco del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego. La ley también le encarga dictar normas técnico-registrales para ordenar la operatoria.
La norma exige, además, una campaña de difusión para explicar sus alcances a la población. En términos prácticos, esto coloca al organismo en un doble rol: habilitar la regularización registral cuando corresponda y, al mismo tiempo, recordar la alternativa de entrega voluntaria.
Prórroga del programa de entrega de armas
La Ley 27.805 también dispone un nuevo plazo de ejecución para el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, creado por la Ley 26.216 y prorrogado en sucesivas oportunidades. El período fijado va del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2027.
La ley entrará en vigencia a los treinta días siguientes a su publicación en el Boletín Oficial. Desde entonces comenzará a correr el plazo de 360 días para quienes quieran presentarse ante la ANMAC. Para los particulares alcanzados, el punto crítico será evaluar si el material puede ser regularizado o si conviene recurrir a la vía de entrega voluntaria prevista por el régimen vigente.
Impacto práctico
La medida no legaliza cualquier situación ni elimina los controles estatales sobre armas de fuego. Su efecto principal es abrir un procedimiento excepcional y temporal para ordenar casos de tenencia irregular, con intervención registral de la ANMAC y con exclusiones relevantes en materia penal.
Para abogados, gestores y usuarios alcanzados, la publicación obliga a revisar plazos, documentación, condición de legítimo usuario, estado registral del material y eventuales antecedentes judiciales antes de iniciar una presentación. La diferencia entre una regularización posible, una entrega voluntaria o un conflicto administrativo o penal dependerá de esos datos concretos.
