La empresa de inteligencia artificial Anthropic PBC presentó una demanda contra el gobierno de los Estados Unidos ante el Tribunal Federal del Distrito Norte de California, en los autos caratulados Anthropic PBC v. U.S. Department of War y otros (Case N.º 3:26-cv-01996). La acción busca que se declare ilegal la decisión del Departamento de Defensa que designó a la compañía como «riesgo para la cadena de suministro de seguridad nacional» y ordenó a contratistas, subcontratistas y proveedores del gobierno federal suspender toda relación comercial con la firma.
El origen del conflicto: negociaciones sobre usos militares de Claude
El caso tiene su punto de partida en una serie de negociaciones entre Anthropic y el Departamento de Defensa en torno al uso del modelo de inteligencia artificial Claude en aplicaciones vinculadas con la defensa y la seguridad nacional. Durante esas tratativas, la empresa accedió a flexibilizar diversas condiciones de uso de su tecnología para permitir su empleo en distintas funciones militares. Sin embargo, mantuvo de manera firme dos restricciones específicas: la prohibición de utilizar Claude en sistemas de armamento autónomo letal y la negativa a habilitar su uso para la vigilancia masiva de ciudadanos estadounidenses.
Según surge de la presentación judicial, el 24 de febrero de 2026 funcionarios del gobierno le otorgaron a Anthropic un plazo de cuatro días para eliminar esas limitaciones y habilitar el uso irrestricto de su tecnología dentro de las actividades del Departamento de Defensa. La empresa fue advertida de que, en caso de no aceptar, el gobierno podría valerse de las facultades previstas en la Defense Production Act o proceder a excluirla del registro de proveedores de seguridad nacional.
La escalada y la designación formal como riesgo
El conflicto se agudizó el 27 de febrero de 2026, cuando el presidente Donald Trump publicó un mensaje en redes sociales instruyendo a las agencias federales a suspender de inmediato el uso de tecnología de Anthropic. Ese mismo día, el Secretario de Defensa anunció la designación formal de la compañía bajo la categoría Supply-Chain Risk to National Security. La medida también estableció un período de transición de seis meses para la finalización de los contratos y servicios en curso.
La designación impide a todas las agencias federales contratar con Anthropic y obliga a contratistas y proveedores a discontinuar sus vínculos comerciales con la empresa, con un plazo de transición de seis meses para los servicios ya en ejecución.
Los fundamentos jurídicos de la demanda
Anthropic articula su reclamo sobre dos pilares normativos principales. En primer lugar, invoca la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, argumentando que la designación constituye una represalia directa contra una postura empresarial legítima y protegida: la negativa a suprimir restricciones éticas en el desarrollo y despliegue de inteligencia artificial. La demanda cita jurisprudencia federal consolidada en materia de represalias por expresión protegida, entre otros los precedentes Hous. Cmty. Coll. Sys. v. Wilson (595 U.S. 468) y Nieves v. Bartlett (587 U.S. 391).
En segundo lugar, la empresa cuestiona la decisión a la luz del Administrative Procedure Act, sosteniendo que la designación fue adoptada sin seguir el procedimiento administrativo legalmente exigido y sin conferirle la posibilidad de presentar descargos previos. Desde esta perspectiva, la medida sería nula por violar los requisitos formales y sustanciales del derecho administrativo federal.
La actora también destaca el impacto reputacional de la designación. Anthropic argumenta que su posicionamiento como empresa comprometida con el desarrollo responsable de la inteligencia artificial es un activo central para su modelo de negocio, y que la calificación de riesgo para la seguridad nacional daña ese capital de manera directa e injustificada.
El debate sobre la vigilancia masiva y la autonomía letal
Uno de los aspectos jurídicamente más relevantes de la demanda es el fundamento que Anthropic ofrece para sostener sus restricciones de uso. La empresa señala que herramientas de inteligencia artificial como Claude permiten recopilar y analizar información a velocidades y escalas sin precedentes, lo que genera riesgos singulares para las libertades civiles. En esa línea, sostiene que los marcos normativos vigentes que regulan la vigilancia gubernamental fueron diseñados para un contexto tecnológico radicalmente diferente y que, por tanto, no contemplan los alcances actuales de estas capacidades.
Esta postura pone de relieve una tensión creciente en el derecho comparado: la colisión entre las demandas de los Estados en materia de seguridad y defensa y los límites éticos y legales que las empresas tecnológicas buscan imponer al despliegue de sus propios sistemas. Según datos del Instituto Brookings (informe de 2025 sobre gobernanza de la IA en contextos de defensa), al menos diecisiete países miembros de la OTAN han iniciado revisiones normativas para regular el uso de inteligencia artificial en aplicaciones militares, lo que refleja la dimensión global del problema que este caso instala en sede judicial.
Qué solicita Anthropic al tribunal
En concreto, Anthropic pide al tribunal federal que declare ilegal la designación como riesgo para la cadena de suministro de seguridad nacional, que ordene suspender su aplicación con carácter cautelar y que prohíba a las agencias federales imponer restricciones a la empresa con base en esa calificación. El resultado del proceso tendrá implicancias que exceden el caso particular: definirá en qué medida el gobierno puede utilizar mecanismos de adquisición pública como instrumento de presión sobre empresas tecnológicas que se niegan a suprimir salvaguardas éticas en sus productos.
