El Ministerio de Seguridad Nacional creó un programa destinado a extender a las jurisdicciones provinciales el sistema de detección y bloqueo de teléfonos móviles utilizados dentro de establecimientos penitenciarios. La medida fue dispuesta por la Resolución 806/2026, publicada en el Boletín Oficial el 25 de agosto de 2026 y vigente desde ese mismo día.
El programa no incorpora automáticamente a las cárceles provinciales: cada provincia y la Ciudad de Buenos Aires deberán adherir mediante un convenio.
Qué establece la nueva resolución
La norma crea el Programa para la Detección y Bloqueo de IMEI/IMSI en Establecimientos Penitenciarios. Su finalidad declarada es impedir que dispositivos móviles activados en áreas de detención o sectores de acceso restringido sean utilizados para coordinar delitos desde las cárceles.
El IMEI identifica al equipo telefónico y el IMSI a la suscripción asociada a la tarjeta SIM. El esquema prevé que los datos detectados sean comunicados a las prestadoras móviles para que bloqueen el equipo, la línea y la identificación de la suscripción, según corresponda al procedimiento aplicable.
La adhesión de las provincias
La principal novedad consiste en llevar al plano federal una operatoria que ya había sido autorizada para establecimientos penitenciarios federales por la Resolución 336/2026. La Resolución 806/2026 invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a incorporarse mediante el modelo de convenio aprobado como anexo.
La Subsecretaría de Articulación Federal será responsable de implementar el programa en las jurisdicciones que lo soliciten. Su titular queda facultado para suscribir los convenios de adhesión. Según los considerandos, el Ministerio ofrecerá una ventanilla única para transmitir a las compañías telefónicas la información de los dispositivos detectados en cárceles provinciales.
Cómo se integra con el régimen vigente
La medida se apoya en el artículo 160 de la Ley 24.660, que prohíbe las comunicaciones telefónicas mediante equipos móviles dentro de los establecimientos penitenciarios y ordena instalar mecanismos tecnológicos adecuados para impedirlas. Esa prohibición convive con el derecho de las personas privadas de libertad a mantener comunicaciones periódicas en las condiciones previstas por el artículo 158 de la misma ley.
También complementa el procedimiento aprobado por ENACOM para bloquear terminales con IMEI irregulares. La Resolución ENACOM 734/2026 ya había previsto que las prestadoras debían bloquear IMEI, IMSI y línea a pedido del Ministerio de Seguridad respecto de dispositivos detectados en cárceles federales y en establecimientos provinciales adheridos. La nueva resolución aporta ahora el marco administrativo de adhesión y coordinación para esas jurisdicciones.
Alcance práctico y cuestiones pendientes
La resolución organiza competencias y habilita convenios, pero no impone por sí sola la instalación inmediata del sistema en todas las cárceles del país. La aplicación concreta dependerá de la adhesión de cada jurisdicción, de la infraestructura de detección disponible y de la coordinación operativa con las empresas de telefonía móvil.
La norma tampoco desarrolla en su articulado los procedimientos de revisión frente a bloqueos erróneos ni los recaudos técnicos para evitar afectaciones fuera de las áreas penitenciarias. Los considerandos remiten a reglas anteriores sobre trazabilidad de las gestiones y ajustes técnicos, mientras que el detalle de responsabilidades se encuentra en el modelo de convenio anexo. Por eso, el impacto efectivo deberá evaluarse a partir de cada adhesión provincial y su implementación técnica.
