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Santiago Otamendi
Juez TSJ CABA
| Cargo | Juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires |
| En el cargo desde | Junio de 2019 (propuesto por Horacio Rodríguez Larreta; aprobado por la Legislatura el 24 de mayo de 2019) |
| Formación | Abogado, UCA (1990); Posgrado en Actualización en Derecho Penal, UCA (1999); beca del Departamento de Estado de EE.UU. (2002) |
| Especialización | Derecho penal y procesal penal; antilavado y financiamiento del terrorismo; modernización judicial |
| Anterior cargo | Secretario de Justicia de la Nación (2015–2019); Presidente del GAFI (2016–2019) |
El hombre del PRO en el tribunal
Santiago Otamendi, nacido el 6 de junio de 1965, llegó al TSJ CABA en junio de 2019 con un curriculum que no era el de un jurista de carrera sino el de un operador judicial del espacio político gobernante. El Cronista lo bautizó sin ambigüedades en su nota del 21 de marzo de 2019: «el macrista» que completaría el dúo junto a «la radical» Marcela De Langhe en las dos vacantes del tribunal. Según la misma nota, su candidatura no fue impulsada por el propio Jefe de Gobierno Rodríguez Larreta —que habría preferido a la abogada Marcela Basterra— sino que «fue ungida por los alfiles judiciales del presidente Macri».
Los vínculos documentados con el espacio son extensos: fue durante cuatro años el número dos del ministro de Justicia Germán Garavano, de quien también fue ex socio en un estudio jurídico privado —dato que Otamendi omitió de su CV presentado ante la Legislatura y que el INECIP señaló en su impugnación—. Participó en el «Timbreo Nacional» de la alianza Cambiemos en 2017, según un tweet del propio ministro Garavano. Integró la usina de ideas jurídica del PRO conocida como «Justicia en Cambio», junto a Garavano y la jueza de la Corte Suprema Elena Highton. Es cofundador de «Unidos por la Justicia» (desde 2003), entidad con vínculos con la embajada norteamericana y la Fundación Konrad Adenauer.
Del GAFI al TSJ: la carrera de un funcionario político
Otamendi inició su carrera en el Poder Judicial en 1988 y pasó por el Ministerio Público de la Defensa, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, el ejercicio privado y la Secretaría de Justicia y Asuntos Legislativos de la Nación (2000–2004). Fue Secretario General de Acceso a la Justicia del Ministerio Público Fiscal de la CABA (2012–2014), y desde diciembre de 2005 ejerció como Juez de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas (Juzgado N° 27) —cargo del que pidió licencia desde diciembre de 2015 para asumir como Secretario de Justicia de la Nación bajo el gobierno de Macri.
El cargo de mayor proyección internacional de su carrera fue la presidencia del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), organismo intergubernamental de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Argentina presidió el GAFI entre julio de 2016 y junio de 2019, y Otamendi fue el representante argentino. En ese marco publicó el manual Medidas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo para jueces y fiscales (SAIJ, 2018). Desde 2021 dirige la Maestría en Administración de Justicia y Litigación Oral de la UCA y es Secretario de Relaciones Institucionales de JU.FE.JUS desde 2024.
Las impugnaciones de 2019: falta de idoneidad e independencia
La candidatura de Otamendi concentró las impugnaciones más severas de su proceso de designación. El CELS, el INECIP y la ACIJ se presentaron ante la Legislatura señalando dos problemas centrales: falta de independencia —era funcionario político de alto rango del partido que lo nombraba y había participado en actividades proselitistas— y falta de idoneidad técnica: el INECIP documentó que Otamendi había obtenido el puesto 33 en un concurso de 38 vacantes cuando fue designado juez de primera instancia, lo que no alcanzaría ni al umbral exigido para ser camarista de apelaciones —instancia muy inferior al TSJ. Señalaron también producción académica propia escasa y nula formación en perspectiva de género. La Legislatura desestimó las impugnaciones y aprobó el pliego por 40 votos.
La denuncia penal por la causa AMIA
La controversia más grave que pesa sobre Otamendi es su actuación en el juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA. En febrero de 2018, el abogado del Estado Enrique Ventos debía alegar pidiendo condenas para los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, acusados de encubrir la investigación del atentado de 1994. Otamendi, invocando instrucciones del ministro Garavano, revocó la personería de Ventos y lo reemplazó por el doctor Console, quien en cambio desistió de pedir la condena. El ex titular de la Unidad AMIA, Mario Cimadevilla, presentó entonces una denuncia penal (Expte. CFP 2262/2018) contra Garavano, Otamendi y otros funcionarios por los delitos de encubrimiento, cohecho, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. La organización Memoria Activa fue categórica en la audiencia pública ante la Legislatura porteña en mayo de 2019: «Que además, después de todas las denuncias por encubrir, postulen a Otamendi para el TSJ resulta una falta de respeto».
Fallos y perfil en el TSJ
Desde que asumió en el TSJ, Otamendi integra la mayoría del tribunal en los fallos más resonantes. En diciembre de 2020 firmó la resolución que eximió al GCBA de garantizar vacantes en el nivel inicial público para familias solventes —fallo que desencadenó el pedido de juicio político. En 2024–2025 votó con la mayoría para ampliar las competencias del tribunal sobre la justicia nacional ordinaria. Las fuentes periodísticas coinciden en ubicarlo en el ala conservadora del TSJ, alineada con las posiciones del PRO en materia de seguridad y política social.
Esta reseña fue elaborada por inteligencia artificial (IA) con base en fuentes públicas disponibles. Puede contener imprecisiones o información desactualizada. Última actualización: junio de 2026.